El bloque correísta en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no cuenta con los votos suficientes para aprobar el informe de la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, que recomienda el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, por presunto incumplimiento de funciones.

Aguirre convocó a los integrantes de la comisión para este lunes 7 de octubre de 2024, a las 18:30, para debatir el informe motivado. Como ha sido habitual en este proceso, la sesión se realizará de manera virtual, siendo esta la última instancia antes de remitir el caso al pleno de la Asamblea.

El juicio contra Palencia fue propuesto por los asambleístas correístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas. Las acusaciones se dividen en dos partes: la primera relacionada con la irrupción de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, durante la detención del exvicepresidente Jorge Glas. La presidenta de la Comisión optó por no emitir un juicio sobre este caso debido a que está en manos de una jurisdicción internacional.

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La segunda acusación apunta a la falta de acciones de la ministra para implementar el Plan Fénix, destinado a combatir el terrorismo y crimen organizado en el país.

A nivel de la Comisión de Fiscalización, el bloque correísta cuenta con cuatro votos a favor del informe, mientras que los miembros de la bancada gubernamental Acción Democrática Nacional (ADN) tienen cuatro votos en contra. El legislador independiente Lenin Rogel, quien podría definir la votación, se inclinaría por la abstención, lo que evitaría la aprobación del informe de mayoría.

De no aprobarse el informe, la presidenta de la Comisión deberá remitir las actas de votación al pleno de la Asamblea, donde se decidirá si el proceso avanza o se archiva. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, deberá incluir el tema en el orden del día en los próximos cinco días.

El informe preliminar contiene siete conclusiones que sostienen que la ministra Palencia incumplió sus funciones, citando violaciones a varios artículos de la Constitución, así como a la Ley de Seguridad Pública del Estado y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.