Nuestro país, como nunca en su historia ha llegado a constituirse en un Estado en descomposición en casi todos los órdenes. Como nunca la corrupción cubre muchos de los aspectos importantes de la vida social y política y algunas de las más altas funciones. Y por qué no decirlo, en algunas de sus organizaciones políticas, que son precisamente los vehículos para llegar a la institucionalidad pública que les permite a algunos de sus dirigentes atracar lo que se les pone a la vista. La corrupción política produce en la ciudadanía desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Impulsa a mucha gente a adoptar estrategias menos amigables y condescendientes y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Todos conocemos que en nuestro país hay partidos y movimientos políticos legalmente reconocidos que son de alquiler y en los que sus “propietarios” para llamarlos de alguna manera, cobran para que ciertos “dirigentes” puedan candidatizarse. Y estos candidatos, cobran para que tal o cual persona conste en la lista de asambleístas, de concejales y hasta de miembros de juntas parroquiales. Claro, que no somos el único país en donde estos hechos se dan. Males de muchos consuelo de bobos. Como consecuencia de lo anterior, en Ecuador y en muchos países, se genera abstención y pérdida del interés por la política, por períodos prolongados. En esas circunstancias la gente honesta prefiere no participar.
Lo terrible en Ecuador, es que por haberse convertido en un narco estado, muchos dirigentes políticos plenamente conocidos están vinculados a la narco política. Igualmente ciertos partidos y movimientos políticos. Ecuador, en estos momentos, es un país con una sociedad en descomposición aunque el noventa y cinco por ciento de la población sea gente honesta. El fenómeno de la narcopolítica y la influencia del crimen organizado en los asuntos de Estado son problemas graves que afectan a muchas naciones de América Latina y Ecuador ha experimentado un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años.
El hecho de que dirigentes políticos puedan estar vinculados a redes del narcotráfico genera un ambiente de corrupción, impunidad e inseguridad que erosiona las instituciones democráticas. Cuando los partidos políticos se convierten en “partidos de alquiler” pierden su papel de representar los intereses del pueblo y se vuelven herramientas al servicio de intereses ilícitos.

Y, por cierto dentro de esta descomposición se pueden visualizar los aspectos más significativos: a) La corrupción institucional: cuando las autoridades son cómplices o están involucradas con el narcotráfico, mediante redes o tramajes bien estructurados, los organismos del Estado y sus autoridades correctas se vuelven ineficaces para combatir los diferentes delitos que se dan y la impunidad campea, porque entre los corruptos hay amistad, o hermandad, o fraternidad, que los une, los cubre y los defiende. b) Incremento de la violencia: el narcotráfico trae consigo un aumento en los homicidios, asesinatos, amenazas, secuestros, extorsiones, y enfrentamientos entre bandas que dirigen casi en secreto. c) Desconfianza ciudadana, pues la población pierde la fe en el sistema político y en las instituciones encargadas de protegerlos, lo que lleva a una crisis de gobernabilidad. Es un círculo vicioso que es difícil de romper, ya que las redes del narcotráfico tienen recursos económicos inmensos que les permiten corromper desde la base. Ecuador, debido a su ubicación geográfica, se ha convertido en un punto clave para el tránsito y la exportación especialmente de cocaína lo que ha agravado esta situación. Pese a esto, hay países que han comenzado a implementar estrategias más efectivas para combatir este fenómeno. Ecuador, está haciendo grandes esfuerzos, pese a la situación económica, para el combate contra el narco tráfico, la delincuencia y el crimen organizados Estas estrategias incluyen reformas en el sistema judicial, mayor cooperación internacional para desmantelar redes criminales, leyes para incautar los bienes fruto de lo delincuencial y esfuerzos por fortalecer las instituciones democráticas. Pero todavía en Ecuador, no entramos a hacer una reforma del sistema de partidos políticos. Un pequeño gran avance es reformar el Código de la Democracia, para que los ecuatorianos, con el dinero de nuestros impuestos, no financiemos campañas electorales de los partidos y movimientos políticos.

Con alguna razón, se señala que los ciudadanos o la sociedad civil somos responsables de los que elegimos. O de que, en los procesos eleccionarios para elegir Presidentes, Asambleístas, Alcaldes, Prefectos, Concejales, etc. votamos por el mal menor. Creo que es así. Pero esto se da y se debe corregir, porque no existe una educación política, porque la afectividad nos impulsa a votar por los que nos ofrecen el oro y el moro, o porque tal o cual candidato nos cae bien, o porque simplemente le creemos a éste o a éste otro candidato. Los partidos políticos compiten. Se asume que la educación al votante es una actividad neutral y no partidaria. Así que siempre existe la suposición de que la educación del votante no tiene nada que ver con los partidos políticos. El voto nulo es hasta una demostración de asco social. Esto es incorrecto por dos razones. Primera, porque los individuos y grupos de individuos adquieren la mayor parte de su conocimiento sobre elecciones y democracia no de su interacción con educadores electorales neutrales, sino de su interacción con el gobierno y de sus experiencias con la política. Segundo, porque los partidos tienen un interés egoísta en atraer votantes y, por ende, pueden ser un conducto rentable para asegurar que los votantes reciben la información que necesitan para ejercitar el voto. Así los partidos políticos y quienes los apoyan, los grupos de campaña y el equipo en general son, de hecho, potenciales educadores. La tarea de los educadores civiles y electorales es manejar esta fuente inevitable e importante de manera que beneficie a todos los ciudadanos. Pero esto no ocurre, porque la relación de la ciudadanía con los partidos y organizaciones políticas, se da sólo cuando hay elecciones de por medio, casi como una eventualidad y, porque los que acceden a esa posibilidad son cuantitativamente pocos. La reforma legal al Código de la Democracia, tiene que abordar este tema con la participación de expertos, no únicamente con representantes de las organizaciones políticas que en la mayoría de los casos, no tienen la menor idea sobre esta materia.
Hay algunos dirigentes “ideólogos” que consideran que promover el voto (por ejemplo, la información y motivación básica al votante) es una actividad que deben desarrollar enteramente los partidos políticos. Ciertamente, esta es la tradición en muchas democracias desarrolladas. Es común el caso en el que la autoridad electoral no juega ningún papel a la hora de llevar a la gente a votar. Sus responsabilidades se limitan a proporcionar información sobre dónde, cuándo y cómo votar como ocurre en Ecuador. Algún momento, el Consejo Nacional Electoral tendrá que responder por los apagones y cambios de resultados electorales. No obstante, en la mayoría de los casos existen razones por las cuales es necesario un programa sensata e inteligentemente elaborado. Puede que los partidos tengan una capacidad limitada. Puede que no exista una amplia formación partidaria entre segmentos significativos de la población. Puede existir tal rivalidad, que la naturaleza colaboracionista de las políticas electorales no la han entendido ni los partidos ni los ciudadanos, caso en el cual una fuente confiable puede ser necesaria para juzgar la información que se recibe de los partidos políticos. Entre más costosas se vuelvan las campañas electorales y más sofisticado el soporte requerido, muchos votantes potenciales son simplemente ignorados por los partidos políticos. Fuera de la posibilidad de que ciertas personas no sean alcanzadas por los contendientes o candidatos, existirá información que los partidos no desearán enviar. Así pues, los programas no partidarios tendrán que suministrar esta información. Por supuesto, que esto demanda una gran movilización de la ciudadanía, no sólo en períodos previos a las contiendas electorales, sino en forma permanente, empezando en los núcleos familiares, siguiendo en los diferentes centros educativos, en las organizaciones gremiales, en los clubes sociales, en todo tipo de organización y, con mayor razón dentro de la militancia de los partidos y movimientos políticos. Esto permitirá que nuestro voto en cualquier proceso eleccionario sea un voto conciencialmente emitido y calificado.
Jamás debemos perder la esperanza de construir debidamente a nuestro país. La sociedad es el elemento sustancial y quienes pertenecemos a ella tenemos que convertirnos en la fuerza y energía social vital para esa edificación. Dentro de esto, la sociedad debe impulsar con su militancia, con su crítica imparcial, con sus ideas y propuestas, que los partidos políticos cumplan honestamente con sus objetivos democráticos. Esto requiere una participación ciudadana activa, la exigencia de transparencia y cumplimiento de la Constitución y las leyes del país, el requerimiento vital a los dirigentes políticos para que digan la verdad y ofrezcan lo que puedan cumplir y su manifestación de cómo y con qué recursos lo van a hacer; una educación cívica y ética permanente y a todo nivel, la evaluación persistente del desempeño de funciones de quienes trabajan en la burocracia estatal; defender la autonomía de la administración de justicia porque una justicia independiente es fundamental para sancionar a los políticos que cometen actos ilegales; defender también la separación de poderes y denunciar cualquier intento de cooptar o controlar los diferentes poderes del Estado; apoyar a los medios de comunicación y al periodismo de investigación, ya que los medios libres y el periodismo de investigación juegan un papel clave en la denuncia de la corrupción y el mal uso de los recursos públicos; un compromiso de actuar siempre con probidad y de denunciar cualquier acto de corrupción; y promover nuevos liderazgos que miren no sólo el presente de nuestro país sino al Ecuador de los próximos cincuenta años. Esa es la responsabilidad que todos los que conformamos la sociedad ecuatoriana tenemos en los actuales momentos.
En resumen, la sociedad civil tiene el poder de actuar como un contrapeso efectivo frente a los partidos políticos corruptos o ineficientes. Cuando los ciudadanos están bien organizados y comprometidos con la defensa de la democracia, pueden forzar a los partidos a cumplir con sus promesas y desempeñar su papel de manera honesta y transparente. La clave está en la unidad y la acción sostenida de la sociedad para exigir un cambio real.