En varios países de la región se está trabajando últimamente con más énfasis en la discusión de la gobernabilidad híbrida en asuntos de seguridad, como una amenaza a ética que pone en peligro la propia existencia del Estado de Derecho y el régimen democrático, debido a la poca claridad entre lo legal, lo ilegal y lo criminal a la hora de escribir y evaluar las amenazas, factores de riesgo y vulnerabilidades que afectan al Estado.
El estudio de las denominadas gobernanzas criminales (integrales, fraccionadas, contrapuestas) ha ido ganando terreno con sus diversas vertientes, no solo aquellas que provienen del mundo anglosajón sino del sur Global. Estas deben ser consideradas como un elemento central por parte del conductor del Estado, a la hora de definir y determinar la orientación estratégica para la necesarios procesos de institucionalización del sector seguridad, que permitan convertirla en un ámbito anticipativo y prospectivo a la vez. Además, se deberá pensar en articular las instituciones relacionadas con el sector, que tengan como base liderazgos transformacionales, direccionados a consolidar una gestión pública integral; esto tiene que ver con asumir marcos conceptuales y operativos contemporáneos, la maniobra estratégica en contextos inestables, disruptivos y, mutables para innovar respuestas oportunas ante los desafíos coyunturales y de mediano y corto plazos, frente a problemas clave como conflictividades multisistémicas, amenazas híbridas, exacerbación de vulnerabilidades y factores de riesgo, que vive actualmente el país.
Las matrices decisionales de quien conduce la seguridad Ecuador y sus instituciones operadoras deben adquirir un sentido ético, mediante la construcción de una cultura de seguridad que alerte respecto de gobernabilidades desviadas; en la mirada del experto Thiago Rodrigues y otros investigadores brasileños se habla de la existencia de una doble matriz de comportamientos: la una dimensión horizontal donde los grupos armados ilegales, grupos mafiosos, redes criminales, grupos delincuenciales penetrados en el Estado y pandillas evidencian interacciones, transacciones y eventuales explosiones de violencia que al parecer son conocidas y pueden ser controladas, y en las cuales varios actores políticos, del sector judicial, de las entidades de control, de los aparatos de fuerza entran en relacionamientos tácitos, sea por contratos, subcontratos y alianzas de mutuo beneficio. En la perspectiva vertical, de otro lado, las interacciones entre actores oficiales del nivel estatal, sub- estatal, territorial, apuntan al soborno, al arreglo y, finalmente, a la extorsión por intensificación de la violencia.
La tierra fértil de los procesos referidos es la existencia de elevados niveles de corrupción- negra, gris y blanca- en las distintas dimensiones del Estado, sumadas a la impunidad. A ello se añade la inexistencia de una Política Pública legitimada en Seguridad Integral, con un marco normativo apropiado y los imprescindibles sistemas de rendición de cuentas, transparencia y control. Dichos elementos conjugados permiten mantener bajo el tapete y legitimar múltiples procesos de cooptación criminal; por ejemplo, de nuevos miembros a las estructuras criminales, la penetración en instituciones públicas como los delincuentes de cuello blanco, y otros por parte de una seducción forzada vía redes y plataformas como Tik Tok, Instagram y Facebook a grupos de jóvenes para inmiscuirlos en los mercados de sicariato, extorsiones, entre otros.
El país y la ciudadanía deben comprender que, frente a la obsolescencia de la matriz de gobernanza en seguridad, la gobernabilidad híbrida desviada será el pan de todos los días.