La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, continúa su lucha legal contra el sumario administrativo iniciado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el pasado 12 de septiembre de 2024. Tras el revés judicial sufrido el 30 de septiembre, cuando la jueza Gloria Mayorga rechazó la acción de protección que buscaba frenar el proceso, Abad y su defensa han presentado un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Pichincha, con la esperanza de revertir el fallo.

La apelación se fundamenta en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que establece que las partes tienen derecho a interponer el recurso en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de ser notificadas. La Corte Provincial deberá resolver en un plazo de ocho días, y de ser necesario, podría convocar a una nueva audiencia para evaluar más pruebas antes de emitir su resolución final.

El origen del conflicto se remonta a la decisión de la ministra Núñez de iniciar un sumario administrativo contra Abad, cuya naturaleza y motivos exactos no han sido detallados públicamente. La vicepresidenta, al considerar que el proceso vulnera su investidura y estabilidad en el cargo, acudió a la justicia para solicitar medidas de protección que evitaran la ejecución del sumario.

Aunque la jueza Mayorga negó la acción de protección, su resolución también incluyó un exhorto al Ministerio de Trabajo para que actúe conforme al régimen jurídico y constitucional que ampara a la segunda mandataria, en aras de proteger la estructura del Estado Constitucional de derechos y justicia. Esta ambigüedad ha generado diversas interpretaciones sobre los alcances del fallo y su impacto en el proceso administrativo que enfrenta Abad.

El recurso de apelación será sorteado en la Corte Provincial de Pichincha para determinar qué sala avocará conocimiento del caso. Si la Corte falla a favor de la vicepresidenta, el sumario podría ser dejado sin efecto, lo que representaría una importante victoria para Abad en su pugna con el Ministerio de Trabajo.

En contraste, si el fallo es ratificado, la vicepresidenta podría enfrentar consecuencias que afectarían su gestión y estabilidad en el cargo. La disputa legal no solo tiene implicaciones jurídicas, sino que también añade un nuevo capítulo a las tensiones entre el Ejecutivo y otras instancias del gobierno.