Así se reconoce al Ecuador en el Art. 5 de la Constitución. Se lo hace como si sólo estampándolo en el papel, que aguanta todo, lo escrito deba ser cierto. Lo cierto, qué pena, es que el Ecuador hoy y desde hace un buen tiempo es uno de los territorios más violentos de la región. Lo es, no cabe duda, porque quienes son los autores intelectuales y materiales de la carta magna y gobernaron durante consecutivos 10 años, pese a los avisos de no hacerlo, allanaron el camino para que el crimen organizado llegara, se instalara y, no se sabe por qué tiempo, se quedara en este territorio.

El artículo citado, parte de los Principios Fundamentales del estado ecuatoriano, se complementa con la prohibición expresa de que aquí se establezcan bases militares extranjeras y se cedan bases militares nacionales a extranjeros. Con esta disposición, el régimen de entonces ordenó la salida, el 18 de septiembre de 2009, de los militares norteamericanos que desde 1999, tras un convenio firmado con el gobierno de Jamil Mahuad, colaboraban con Ecuador desde la Base de Manta en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Al poder político estatal le incomodaba su presencia y todo lo que tuviera olor a estadounidense. No le molestaba, eso sí, las “fuerzas irregulares” como llamaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo subversivo, terrorista y convertido, también, en poderoso cartel del narcotráfico, que, por boca de uno de sus líderes, el Mono Jojoy, había entregado decenas de miles de dólares para las campañas electorales de la organización gobernante.

El 1 de marzo de 2008, en Angostura, territorio ecuatoriano, las Fuerzas Armadas de Colombia realizan un feroz ataque contra un campamento de las FARC, mueren 25 personas y entre ellos Raúl Reyes, segundo jefe de los guerrilleros. Entonces se reveló que el gobierno de Ecuador sabía de dicho campamento que tenía “áreas de entrenamiento, dormitorios, cocinas, bodegas para almacenar provisiones; municiones, armamento, equipo, explosivos y contaba con generadores de electricidad”, según el Mayor (SP) Alberto Molina. Se rompieron relaciones con Colombia y el presidente de Ecuador “desarticuló la inteligencia militar y policial y obligó a sus comandantes a pedir la baja… en la Asamblea Nacional que controlaba, la mayoría gobiernista eliminó la Ley de Seguridad Nacional y aprobó la Ley de Seguridad Pública y del Estado… Desapareció la Secretaría del Consejo de Seguridad, las Direcciones Nacionales de Inteligencia, Movilización, Defensa Civil y al Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) le convirtieron en un centro de adoctrinamiento… La Dirección Nacional de Inteligencia fue sustituida por la tristemente célebre Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), una Stasi (policía política de la antigua Alemania comunista) criolla que servía para vigilar, amedrentar y perseguir a quienes consideraba sus adversarios políticos y que no comulgaban con sus trapacerías y corruptelas”, de acuerdo con el propio Molina.

En 2009, una comisión creada para investigar el caso Angostura y presidida por Francisco Huerta Montalvo, confirma la penetración y vinculación de grupos criminales organizados en territorio ecuatoriano, por lo que, al tiempo de exigir la adopción de medidas que impidan su avance, advierte sobre los riesgos de que Ecuador se convierta en narcoestado. ¿Se atendió la exigencia? ¿Se vive un narcoestado? Lo cierto es que el país vive una realidad de extrema violencia y en todos los órdenes del convivir nacional se sienten las afectaciones.

El presidente Noboa ahora mismo consulta a la Corte Constitucional la posibilidad de reformar el Art. 5. ¿Es necesaria la ayuda internacional? Ni los dogmas ideológicos ni las conveniencias electorales ni los intereses muy particulares deben imponerse. Al contrario, que sean las razones muy bien fundamentadas las que dominen y sirvan para la urgente restauración de un verdadero y permanente territorio de paz.