Parece que el insoportable dolor que viven miles de familias ecuatorianas, cuando toman la decisión de fragmentarse para abandonar el país en busca de nuevas oportunidades, a casi le importa en el Estado. 

La migración irregular, que está rompiendo todos los récords durante este 2024, quizá es uno de los resultados más dramáticos del nuevo proceso de pauperización que vive el Ecuador y que, a nivel institucional, no tiene responsables. 

Y es que hay que entender que la migración irregular, no es algo simple. No solo es despedirse con dolor entre padres e hijos, entre hijos y abuelos, entre esposos y esposas, entre hermanos y hermanas, desearse suerte y tomar un avión o un bus e irse del país.  

Este fenómeno, de verdad, es uno de los retos más peligrosos que puede emprender hoy un ecuatoriano porque en el proceso es muy fácil morirse. 

Cuando un ciudadano decide migrar, casi siempre, se va endeudado con algún traficante de personas, es presa de abusos y maltratos en el viaje, debe cruzar territorios inaccesibles y, si llega a su destino, debe vivir, inicialmente, en condiciones de alta vulnerabilidad. 

Realmente es una aventura terrorífica, que marca vidas, que afecta a centenas de miles de ciudadanos y que, para el estado ecuatoriano, parece que es algo normal; para no preocuparse. 

Las cifras hablan solas: según un reporte de la Voz de América del gobierno de EE. UU, el número de ecuatorianos aprendidos, inadmitidos y expulsados en ese país, de enero a julio del 2024, alcanzó un récord de casi a los 95.000 personas.   

El mismo boletín noticioso indica que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) está preocupada por el aumento relevante de flujos migratorios irregulares desde Ecuador. 

Un reporte del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá habla que, de enero a finales de agosto de este año, 14.569 ecuatorianos cruzaron la peligrosísima selva del Darien rumbo de Estados Unidos.  

La proyección de migración de ecuatorianos, para el 2024, es de casi 300 mil personas, según reportes del Ministerio del Interior. Esto quiere decir que en tres años, la cifra puede llegar al millón de personas. 

Más allá de las cifras, que todos sabemos que son alarmantes, me pregunto ¿quién en el estado debe hacerse cargo de este gravísimo fenómeno social? ¿quién debe abordar las consecuencias de la fragmentación forzada de las familias nacionales? 

Urge tomar acciones específicas para frenar la migración irregular de ecuatorianos y crear una institucionalidad que actúe directamente para combatir esa diáspora nacional. ¿El Estado es tan indolente e insensible? 

Y no hablo solo de temas de combate a la trata de personas, sino de prevenir esta ola migratoria con acciones de reconstrucción del tejido social. En el Ecuador del 2024 parece que las cifras macroeconómicas son las que únicamente importan.