El Presidente de la República ha presentado a la Corte Constitucional un proyecto de reforma al artículo 5 de la Constitución de la República aprobada por la Asamblea Constituyente y luego por referéndum en octubre del 2008. Según medios de comunicación ecuatorianos, el documento fue ingresado en la Corte, el 16 de septiembre en horas de la tarde. Si la Corte aprueba la petición presidencial, el Ejecutivo deberá enviarla a la Asamblea Nacional, donde tendrá que ser analizada y aprobada en dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. Tras su aprobación, deberá ser ratificada mediante referéndum convocado dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Para la aprobación del referéndum se requiere al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma por referéndum, dentro de los siete días siguientes el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación en el Registro Oficial, con lo cual, entrará en vigencia la reforma constitucional.

El art. 5 de la Constitución de la República dice: “Territorio de paz.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

De conformidad con el proyecto, el artículo reformado quedará con el siguiente texto: “El Ecuador es un territorio de paz”.

Como es lógico, este planteamiento presidencial ha generado una serie de opiniones en contra y a favor por parte de dirigentes políticos, voceros partidistas, periodistas, expertos en seguridad, comentaristas políticos y ciudadanía en general.

Es importante recordar que fue el ex Presidente Jamil Mahuad quien en 1.999 suscribió un Acuerdo de Cooperación con el gobierno norteamericano por el que nuestro país debía permitir, como permitió, usar la base aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta a las fuerzas militares estadounidenses para realizar operaciones aéreas, como patrullas y vigilancia marítima para la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la presencia de una base militar extranjera en suelo ecuatoriano generó polémica y oposición en varios sectores. Los que estaban en contra del acuerdo manifestaron que la presencia militar americana violaba la soberanía nacional y que Ecuador estaba entregando el control de una porción de su territorio a una potencia extranjera imperial y colonialista. Incluso, se señaló que este era un acto de traición a la Patria, pues con este acuerdo, se permitía la presencia física y material de un ejército de ocupación. Los que estaban a favor, expresaron que dicha base, que tenía una misión de tipo policíaco sería una herramienta efectiva para controlar el tráfico de drogas. En el 2008, con la vigencia de la Constitución aprobada ese año, el país decidió no renovar el acuerdo con Estados Unidos, basándose en la política de no permitir bases extranjeras en el territorio ecuatoriano. La base fue entregada en el año 2009. No fue la entrega de la base de Manta una acción patriótica ni anti imperialista como se la ha pretendido disfrazar. Fue simplemente una consecuencia del cumplimiento de una disposición constitucional y la finalización del tiempo de diez años acordado en el instrumento internacional suscrito.

Es importante que la ciudadanía conozca lo que Amnistía Internacional puntualiza en un informe conclusivo publicado en el 2020. Este dice: “Hay un reconocimiento a nivel de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos sobre el daño que la delincuencia organizada transnacional trae para la estabilidad de los Estados. Los países reconocen que atenta contra las instituciones y tiene efectos nocivos sobre las comunidades políticas. Por eso surge el compromiso y la necesidad de luchar contra ese fenómeno por medio de acciones de política pública autónoma a nivel interno y de coordinación y cooperación internacional, con el fin de prevenir, enjuiciar y sancionar los delitos graves cometidos por los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales. Por motivos conceptuales y de delimitación temática, este documento toma distancia de las concepciones de amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad, amenazas tradicionales o nuevas amenazas (con contenido político, económico, social, de salud y ambiental) formuladas a partir de los preceptos de la seguridad humana, la seguridad hemisférica o la seguridad multidimensional, entre otros enfoques vigentes en el marco de las relaciones internacionales, ya que existe la necesidad de focalizar el núcleo del documento en la identificación de las amenazas regionales del crimen organizado que tienen incidencia sobre el territorio ecuatoriano. Tampoco pretende estimar la incidencia de las dinámicas ilícitas y los mercados criminales, puesto que los datos recopilados no ofrecen una base empírica contrastable. En esa medida, una amenaza regional del crimen organizado será entendida como una acción o secuencia de eventos que, dentro de un periodo de tiempo relativamente breve, tiene el potencial de causar un daño significativo a los valores existenciales preciados del Estado del Ecuador o de sus habitantes. La acción o secuencia de eventos proviene de la interacción entre los factores transfronterizos complejos que se manifiestan de forma interactiva dentro del territorio ecuatoriano y se desarrolla de forma intrínseca en el fenómeno en el que, un grupo delictivo organizado, ejecuta crímenes graves con el fin de obtener beneficios económicos”.

Hoy tenemos un país tomado por el narco tráfico y las mafias delincuenciales de todo tipo. El crimen organizado internacionalmente, a través del sicariato, ha convertido al Ecuador y a muchos países de nuestra América Latina, en territorios con ejércitos de ocupación, que vacunan, extorsionan, torturan y asesinan, a empresarios, comerciantes, vendedores ambulantes, estudiantes, trabajadores, autoridades, niños, mujeres, adultos mayores, empleados, etc. etc. Y esto no puede continuar. Por ello, es absolutamente necesario que un país pequeño como el nuestro, saqueado por delincuentes de “cuello blanco”, con una situación económica que raya en la quiebra, con un sistema educativo obsoleto, con un sistema de salud inexistente, con una escala de valores en los suelos, con muchos “dirigentes políticos” vinculados a la delincuencia nacional e internacional, con la mayoría de partidos políticos en verdadera descomposición y con un futuro incierto; busque el apoyo, la cooperación y la asistencia a nivel internacional, en lo policial y militar, de países desarrollados, económicamente fuertes y con mucha experiencia en el combate a estos males que están destruyendo a la sociedad ecuatoriana. En estos términos, la propuesta presidencial tiene sentido y se justifica. Algunos expertos en esta temática piensan que este apoyo mejoraría de la Seguridad Nacional, ya que la presencia de bases militares de países fuertes podría fortalecer la capacidad de Ecuador para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado; podría favorecer el desarrollo económico ya que la instalación de bases policiales especialmente podría traer inversiones y desarrollo económico de los lugares donde se ubiquen, por ofrecer niveles de seguridad para esas inversiones, (había que conocer la experiencia de Manta); porque podría favorecer la capacitación y el entrenamiento de la policía nacional y de las fuerzas armadas nacionales; porque la cooperación internacional generalmente facilita una mayor cooperación con países desarrollados, mejorando el intercambio de inteligencia y recursos tecnológicos; y, porque podría entregar un decisivo Apoyo Legal y Judicial, ya que los países desarrollados podrían ofrecer asistencia en la reforma de leyes y sistemas judiciales, asegurando que sean adecuados para enfrentar los desafíos del crimen organizado y el narcotráfico.

En el ámbito legal y judicial, la cooperación y asistencia de países desarrollados es crucial para combatir el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Fundamentalmente, porque en Ecuador la ciudadanía no tiene ninguna confianza en la Función Judicial, ni en los jueces ni en los operadores judiciales. Por cierto, no se puede generalizar, Existen jueces y operadores judiciales honestos. Pocos, pero existen. Sin embargo la opinión pública, luego de lo que hemos podido apreciar en estos últimos años, por la acción sistemática, permanente y valerosa de la Fiscalía, piensa que todo en la Función Judicial está podrida. De allí que, a propósito de la cooperación internacional que debemos buscar y conseguir, es necesario que en este campo, busquemos lo que ya en estándares internacionales se enuncian como aspectos básicos e importantes: a) Establecer una Asistencia Legal Mutua: La cooperación judicial internacional facilita la asistencia legal mutua en investigaciones, procesamientos y diligencias judiciales. Esto incluye la obtención de pruebas, la extradición de sospechosos y la ejecución de sentencias. b) Reconocimiento mutuo de sentencias: La cooperación se basa en el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales, lo que permite que las decisiones judiciales de un país sean reconocidas y ejecutadas en otro. c) Intercambio de Información y capacitación: el intercambio permanente de información entre las autoridades judiciales de diferentes países, es absolutamente necesario para rastrear y desmantelar redes criminales internacionales. d) Armonización de legislaciones: La cooperación incluye medidas para armonizar las leyes de los países involucrados, asegurando que existan marcos legales compatibles para enfrentar el crimen organizado de manera efectiva. e) Capacitación y formación: Los países desarrollados pueden proporcionar capacitación y formación a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales en técnicas avanzadas de investigación y en el uso de nuevas tecnologías. Y, f) Protección de los Derechos Humanos: La asistencia judicial también se enfoca en garantizar que las acciones contra el crimen organizado respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El debate continuará seguramente, pero ahora como nunca se hace necesario reflexionar en función de país. No existe otra alternativa al respecto.