La expresidenta Cristina Kirchner ya se prepara para recibir malas noticias. La Cámara Federal de Casación está a punto de confirmar su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad, según confirmaron a *Infobae* fuentes del caso. La decisión será dividida. Uno de los magistrados quiere agravar esa sentencia y responsabilizarla por asociación ilícita, tal como reclamó la fiscalía. Una vez que la decisión se firme en los próximos días, a Cristina Kirchner solo le quedará una oportunidad para revertir su situación: la Corte Suprema de Justicia. 

Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos quedaron en condiciones de dictar una resolución hace diez días, cuando rechazaron la recusación que presentó la defensa de CFK contra el último de los jueces. Para esa fecha, Hornos ya había manifestado su intención de imponer una condena de 12 años a la ex jefa de Estado, tal como propuso la fiscalía. Sin embargo, Borinsky y Barroetaveña no se inclinarían por esa opción y, según trascendidos, confirmarán la decisión del tribunal. 

En diciembre de 2022, tras tres años y medio de juicio oral y público y la contundente acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que concluyó con la frase “es corrupción o justicia”, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exdirector de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. La vicepresidenta, además, fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Fueron absueltos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner —primo del expresidente Néstor Kirchner—, y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro. 

Durante el juicio, el tribunal oral dio por probado que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el empresario Báez recibió de manera irregular obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz. Una prueba clave fue lo que el fiscal Luciani denominó en el juicio oral como el plan “limpiar todo”. Este consistió en los mensajes de WhatsApp encontrados en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en un convento de General Rodríguez con bolsos que contenían nueve millones de dólares. 

Esos mensajes revelan reuniones entre López y Cristina Kirchner, así como con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza —presidente de Austral Construcciones— y encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. En dichos mensajes se mencionaba que Báez debía cobrar todo lo que se le adeudaba antes de que Cristina Kirchner dejara el gobierno, para luego cerrar las empresas. 

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, se ejecutó una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional, en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, afirmó el tribunal. 

La maniobra tenía como objetivo “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, al menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”. El tribunal añadió: “La comprobación de las circunstancias descritas ha orientado las condenas dictadas en esta causa respecto de personas en ejercicio de funciones públicas, tanto nacionales como provinciales, quienes, violando sus deberes de manejo, administración o cuidado del patrimonio público, y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”. 

La defensa de Cristina Kirchner rechazó en cada instancia las acusaciones en su contra. El abogado Alberto Beraldi insistió en “la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner” y calificó de “inadmisible e improcedente” la apelación del fiscal Luciani que pedía una condena de 12 años de prisión. Si, como se espera en los tribunales, Casación confirma la condena a seis años de cárcel, la única instancia que le quedará para que la decisión no quede firme será la Corte Suprema.