El acoso escolar o bullying es una conducta reiterativa de violencia física o psicológica entre estudiantes. Es un comportamiento dirigido hacia una víctima específica, con intencionalidad y desequilibrio de poder. Las causas pueden variar, pero el agresor suele carecer de empatía, a menudo debido a problemas familiares o sociales. La violencia intrafamiliar, que afecta especialmente a las mujeres, también crea patrones de agresión en los niños. Casi el 40% de los niños y adolescentes en Ecuador ha sido víctima de violencia por parte de sus padres, Entre el nacimiento y 1 año de edad, sin importar la escolaridad y nivel económico de los padres, al menos el 50% es maltratado físicamente (ENSANUT 2018).

El acoso escolar también se ve influenciado por factores relacionados con el ambiente escolar y las prácticas de crianza familiar. En Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de acoso escolar, lo que equivale a 350.000 niños. Aunque la prevalencia es similar entre niños y niñas, las niñas suelen ser más afectadas por rumores, la sustracción de pertenencias y la burla relacionada con su cuerpo.

El miedo y la inseguridad resultantes del acoso y la violencia en la familia afectan gravemente el aprendizaje y el bienestar emocional de la infancia. Muchas víctimas no informan a sus padres por miedo a represalias, lo que agrava las consecuencias, como la deserción escolar, el aislamiento y, en casos extremos, el suicidio. Mientras que en la familia se esconde el daño y el secreto; o simplemente no se reconocen estas prácticas disciplinarias como incompatibles con la dignidad de los niños.

En 2021, Ecuador aprobó reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar el acoso escolar, imponiendo penas de 3 a 5 años para agresores de la violencia entre pares. A pesar de estas medidas, la violencia sigue afectando a niños y adolescentes.

La violencia que viven los niños y adolescentes tiene causas estructurales y culturales, vinculadas a una sociedad patriarcal que posiciona a hombres adultos como dominantes, dejando en segundo plano a mujeres y niños. Las soluciones punitivas no son suficientes para frenar esta violencia. Es crucial asegurar políticas claras y financiadas que protejan los derechos de la niñez y adolescencia, priorizando su seguridad humana y su derecho a una vida libre de violencias.