Los ámbitos de la seguridad integral han ido variando de prioridad desde la seguridad estatocéntrica, la antropocéntrica a la seguridad biocéntrica. Esto se debe a la huella humana como factor fundamental en el cambio climático, que cada vez es más evidente, pues los estudios científicos especializados de agencias mundiales advierten de un aumento en el nivel de mares y océanos, temperaturas, disminución de los glaciares, entre otros aspectos que tienen y tendrán efectos catastróficos en la vida humana. 

El Banco Mundial señala en su informe para 2024 sobre Clima y Desarrollo (CCDR, por sus siglas en inglés) que Ecuador debe invertir el 3.5% del PIB, es decir, $3.700 millones para mitigar los efectos del cambio climático entre 2025 al 2050. Como podemos ver los efectos en nuestro país cada vez son de mayor magnitud y causan graves daños, porque en gran medida dependemos de la variable del clima para la generación eléctrica, producción de alimentos para consumo interno y de la exportación, inundaciones, sequías que destruyen la infraestructura crítica del país. Todo esto afecta a la economía, convivencia humana y medio ambiente, si estos factores no son mitigados de alguna manera, van a generar círculos de pobreza, desplazamientos humanos internos y foráneos por las sequías, incendios y la falta de alimentos, lo que podría reducir el PIB per cápita de uno a cuatro puntos en los próximos años. 

Por eso la seguridad biocéntrica en el mundo debe tener la prioridad de los estados, justamente para evitar un impacto catastrófico en la población humana con sus consecuencias sociales, culturales, educativas, en la salud y la productividad. para evitar pobreza, devastación del medio ambiente y perder las fuentes de agua a fin de evitar migraciones masivas globales con consecuencias graves a la seguridad humana y de los estados.  

Al parecer, no hemos tomado en serio estas advertencias, porque no disponemos de un plan de seguridad integral que abarque estos aspectos y priorice la bioseguridad, Ya estamos viviendo los efectos iniciales, el Estado y los GAD han tenido que desplazar todos sus capacidades y recursos: bomberos con sus insumos, policía y militares, incluyendo vehículos, motobombas, helicópteros, que han dejado a un lado la seguridad ciudadana y la guerra contra el narcoterrorismo, para dar prioridad a los incendios forestales. 

Los efectos de no invertir en capacidades para cuidar el medio ambiente y permitir la deforestación en zonas protegidas; no cuidar las vertientes de agua para los pueblos y ciudades; no invertir en energías limpias y renovables, o en capacidad institucional, gestión ambiental entre otras acciones tendrá una repercusión en la seguridad pública y ciudadana. La pobreza, y la falta de acción estatal eficiente, limitarán los recursos a las zonas más desprotegidas y vulnerables, donde el tejido social está quebrantado y aumentará la brecha de desigualdades, que generará todo tipo de inseguridades, economías ilegales. Esto, además, permitirá el aumento de grupos violentos y el fortalecimiento de las mafias locales e internacionales, que afectarán al bienestar y seguridad de los ciudadanos.  

El reto está planteado, depende de nuestros gobernantes elaborar y poner en ejecución planes integrales de seguridad y desarrollo, considerando los factores del cambio climático como eje central para alcanzar una seguridad integral que permita un desarrollo sustentable con el medio ambiente y priorizando la seguridad biocéntrica para tener un mejor bienestar a futuro.