Un grupo de organizaciones ha presentado una acción de protección. La razón: la política pública implementada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contraviene los principios de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, así como las directrices en materia de seguridad vial emitidas por la Organización Mundial de la Salud y la ONU. 

Ricardo Freire, abogado patrocinador de Justicia Vial, explicó que dicha acción de protección ha sido presentada por Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial; Francis Emanuel Aguayza, del Observatorio Ciudadano Nacional para la Aplicación e Implementación de la Ley Orgánica de Transporte; y Jazmín González, víctima de un siniestro de tránsito. 

Freire destacó que la acción de protección busca que se declare la vulneración de la seguridad jurídica, prevista en el artículo 82 de la Constitución, por omisión de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y el Código Orgánico Integral Penal. 

En concreto, señaló Freire, se solicita que se mantengan activos los sistemas de control mediante medios tecnológicos, como herramienta efectiva para la seguridad vial, tal como lo dispone la normativa vigente. 

Las autoridades demandadas son el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Procuraduría General del Estado.