El miércoles de noche fue el prestreno de los apagones. La temporada regular empieza mañana en horario vespertino.

El estiaje se adelantó dos meses. El faltante de generación es de 1.080 megavatios (MW). El embalse de Mazar sigue bajando y es posible que esta semana el sistema Paute solo genere según el flujo de agua –es mínimo–. El racionamiento eléctrico se volvería más severo. El viernes las autoridades pidieron a empresas grandes que generen con sus plantas de emergencia y vendan lo que no necesiten al sistema interconectado. Se les pagará cruzando con la planilla eléctrica. Antes se hizo un ensayo y las empresas entregaron 300 MWh. A generadores privados de Colombia –Ecuador es de los pocos países de monopolio estatal– se compran 450 MWh, pero la entrega depende de la autorización del Gobierno colombiano, lo cual la hace poco confiable. En días pasados hubo un repentino pero corto recorte de entrega de energía.

Se perdieron los primeros cinco meses con la primera ministra de Energía. El Gobierno busca recuperar el tiempo perdido comprando o arrendando unidades de generación con una potencia agregada de 1.269 MW. De estas solo una central flotante de 100 MW está ya generando. El resto irá llegando paulatinamente y aliviará los apagones. Pero el problema no es coyuntural, de un estiaje particularmente severo, sino estructural, de una ausencia de inversión. El Estado tiene un gran déficit fiscal y carece de ingresos disponibles para invertir, así como de acceso a mercados financieros. La solución definitiva requiere inversión privada masiva.

Lo inmediato son ocho proyectos en plantas fotovoltaicas, hidroeléctricas y eólicas con una potencia de 810 MW listos para ser construidos con inversión privada por $ 1.020 millones y que entrarían a generar en 24 meses. Algunos de estos proyectos llevan años haciendo el viacrucis de las entidades públicas y la mayor parte ya ha conseguido todos los permisos, incluso ambiental. Pero surge un nuevo trámite que fue nuestro tema de la semana pasada: el Ministerio de Economía debe aprobar el contrato de inversión.

Las empresas ofertaron tarifas más bajas que la que nos vende Colombia o la central flotante, previendo que tendrían contratos de inversión. Si el Ministerio de Economía no los aprueba, los inversores deberán modificar al alza las tarifas propuestas para reflejar la ausencia de beneficios tributarios. Vendría una nueva ronda de negociaciones. Si las autoridades energéticas no permiten el alza de las tarifas propuestas, los proyectos no son viables y los inversionistas se retiran. La posibilidad de que vengan otros a reemplazarlos es mínima dada la mala experiencia precedente.

Resumamos: 810 megas de energía necesitamos para evitar apagones; $ 1.020 millones en inversión privada y no de deuda pública externa; energía renovable, no térmica; tarifa más baja que la que pagamos hoy a proveedores emergentes; instalaciones que revertirán al Estado al vencimiento del contrato. Pero los proyectos no son aprobados porque de implantarse, gozarían de beneficios tributarios. Ingresos fiscales por la no ejecución de los proyectos: cero. Perjuicio por la no ejecución: la diferencia entre luz y oscuridad.

No cabe más dilatorias. Que las autoridades decidan si quieren o no esta inversión.