Durante el período 1990-2000, Ecuador experimentó avances significativos respecto a la legislación de la niñez y adolescencia, basados en la doctrina de protección integral de sus derechos.  Estos avances incluyeron un nuevo paradigma: de la minoridad a la niñez con derechos comunes a todos y otros específicos por su edad.  La participación de la sociedad civil como actor fue clave. 

En 1998, Ecuador ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que establece el rol central de la familia en la vida de los niños y limita la discrecionalidad de los adultos y el Estado en sus relaciones con la infancia. 

La Convención tuvo un doble impacto, armonizó legislaciones y afectó políticas públicas. En Ecuador, la Constitución de 1998 reconoció la ciudadanía para todos, independientemente de la edad.  

La adopción del Código de la Niñez en 2003 reemplazó al viejo Código de Menores. Representa el mayor consenso jurídico, político y social del que dispone Ecuador para proteger la dignidad de los niños.  Este Código sigue vigente sin reformas significativas. 

El profesor Baratta advierte sobre la gran distancia en América Latina entre la situación real y la ideal respecto a la niñez, mientras que Hammarberg subraya que los niños deben ser respetados en ámbitos sustantivos: su supervivencia, protección, desarrollo y participación en decisiones que les afectan, sin discriminación. 

La Convención exige a los Estados medidas legislativas, administrativas y sociales para garantizar los derechos de los niños, transformando dinámicas familiares y asignaciones de recursos públicos.  

Persisten desafíos relacionados con la violencia, pobreza, la movilidad humana, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, y la protección frente a la captación de adolescentes por el crimen organizado.  

Hoy muere un niño cada 20 horas como producto de la inseguridad. La responsabilidad de las políticas de seguridad ciudadana es enorme.  La violencia criminal y social requiere otras medidas que no son únicamente punitivas.   

El tejido social se ha debilitado, porque las familias se han debilitado. De las pandillas hemos pasado a bandas criminales que esclavizan y reclutan, en su cadena de delitos, a la infancia. Pareciera que Ecuador busca nuevamente incrementar las penas para adolescentes, nuevamente se insiste en una respuesta de mano dura para la infancia.  El populismo penal está en agenda, el hilo se rompe por su lado más frágil.