El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha recibido duras críticas por parte del grupo de juristas por la democracia, JDEN, que agrupa a 16 abogados en ejercicio. Según María Dolores Miño, coordinadora del grupo y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, el reglamento presentado para la elección del nuevo Fiscal General del Estado no garantiza la selección de un candidato con altos méritos académicos y profesionales.

En una entrevista en Notimundo, Miño explicó que este grupo de juristas presentó al CPCCS un total de nueve recomendaciones, con el objetivo de reformar el proceso de selección. Criticaron la falta de participación social en la elaboración del reglamento, indicando que este fue redactado de forma cerrada y sin considerar las sugerencias de la sociedad civil y la academia. “Es evidente que estas decisiones cruciales para la democracia del país se tomaron a puertas cerradas, sin transparencia ni participación ciudadana”, señaló Miño.

Uno de los puntos más polémicos del reglamento, según los abogados, es la exclusión de profesionales que hayan patrocinado casos relacionados con ciertos delitos, lo que consideran un castigo injusto al ejercicio de la abogacía. Miño destacó que esta norma discrimina a abogados que, en ejercicio de su profesión, hayan representado a personas acusadas de narcotráfico u otros delitos graves. “No se puede confundir el patrocinio legal con el cometimiento de delitos”, afirmó, subrayando que toda persona tiene derecho a una defensa técnica, independientemente de la naturaleza de los cargos en su contra.

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Además, los juristas señalaron la incoherencia del reglamento al exigir 10 años de experiencia profesional para postular al cargo de Fiscal General, pero al mismo tiempo otorgar puntos adicionales a postulantes jóvenes de 30 años mediante acciones afirmativas. Según Miño, es prácticamente imposible que alguien de esa edad cumpla con el requisito de experiencia, lo que genera una contradicción en el proceso de selección.

Finalmente, Miño advirtió que si el CPCCS no toma en cuenta sus recomendaciones, procederán con acciones judiciales para exigir acceso a la información pública y garantizar que el proceso sea más transparente y participativo. “Si no obtenemos una respuesta en siete días, iniciaremos acciones legales”, declaró.