A pesar de las promesas del gobierno de que los cortes de luz cesarían, Ecuador enfrenta nuevas y severas medidas de racionamiento eléctrico, encendiendo las alarmas sobre una crisis energética que se profundiza con cada apagón.
Lo que empezó como una promesa de estabilidad ahora se ha convertido en una realidad de incertidumbre, afectando tanto a la población como a los sectores productivos del país. Las razones detrás de esta crisis no se limitan al gobierno actual, sino que responden a una serie de problemas estructurales que han sido desatendidos por años.
En entrevista para ecuadorenvivo.com, el ingeniero eléctrico y presidente del Foro Energético Ecuador, Fernando Salinas, fue enfático al señalar que “el sistema eléctrico del Ecuador tiene problemas estructurales que difícilmente se van a solucionar en cuestión de meses”.
A criterio del experto, la falta de un Ministerio especializado que tome decisiones enfocadas exclusivamente en el sector eléctrico ha sido uno de los errores más costosos. El gigante ministerial que aglutina Hidrocarburos, Minería y Electricidad es descrito por él como “un verdadero monstruo de tres cabezas, donde la electricidad es la Cenicienta olvidada”.
Infraestructura abandonada, soluciones ineficaces
Aunque, el deterioro del sistema eléctrico ecuatoriano también va más allá de la falta de enfoque ministerial. Dice que CELEC, la empresa encargada de la generación y transmisión de energía, enfrenta serios problemas internos, desde contratos colectivos leoninos hasta una densa estructura burocrática. Expone que CELEC se encuentra atada de manos para llevar a cabo nuevas inversiones o incluso realizar el mantenimiento necesario.
Además, la tarifa eléctrica actual, que es deficitaria, no contempla la recuperación de costos de capital, lo que frena la capacidad de la empresa para lanzar nuevos proyectos. Mientras que “el Ministerio de Finanzas ha utilizado los recursos de CELEC como préstamos de liquidez que no siempre se honran, dejando a la empresa sin fondos para mantener la infraestructura existente”, subrayó el experto.
Este desbalance financiero ha provocado que las pérdidas en la distribución de energía a nivel nacional alcancen el 16%, y en algunas unidades de CNEL, la cifra supera el 30%, lo que coloca al país en un camino peligroso hacia un colapso energético más profundo si no se toman medidas correctivas de inmediato.
Severo programa de racionamientos eléctricos, consúltalo aquí
Un futuro sombrío sin soluciones inmediatas
En cuanto a las medidas emergentes, como el alquiler de barcazas y el uso intensivo de plantas térmicas, considera que son soluciones temporales que, aunque necesarias, no atacan el problema de fondo. Estas acciones son vitales para hacer frente al estiaje, pero solo tendrán un impacto limitado hasta finales de año. “Son paliativos necesarios, pero no son la solución a la crisis estructural”, mencionó Salinas.
A corto plazo, estas medidas permitirán estabilizar la situación, pero sin una planificación adecuada y sin una inversión significativa, se corre el riesgo de que la crisis energética vuelva a resurgir con mayor intensidad en los próximos meses. El verdadero riesgo reside en el mediano y largo plazo, dice.
“Si no se toman medidas urgentes, nos veremos avocados a racionamientos más frecuentes y de mayor duración”, subrayó el ingeniero eléctrico al afirmar que la falta de seguridad energética no solo limita el crecimiento de la industria, sino que también frena el desarrollo económico y la creación de empleo.
Las industrias, al no poder operar a plena capacidad debido a los cortes de luz, podrían enfrentar pérdidas millonarias, lo que impactará directamente en el mercado laboral y la economía nacional, advirtió.
¿Dónde está la solución?
Para evitar una crisis energética de mayor envergadura, el especialista subraya la necesidad de abrir el sector eléctrico a la competencia privada. “El sector de generación de electricidad necesita una apertura que permita la libre competencia, lo que crearía un mercado eléctrico más dinámico y con precios más razonables”, sugirió.
Proyectos clave como el complejo hidroeléctrico Santiago (con una capacidad de 3.600 MW) y Cardenillo (600 MW) deben ser lanzados a licitación cuanto antes. Además, el desarrollo de energías renovables también es crucial. Proyectos como Villonaco 3, El Aromo y un bloque de 500 MW de energías renovables ya cuentan con estudios definitivos y podrían contribuir significativamente a estabilizar la red eléctrica nacional.
“Es hora de que el país apueste por las energías renovables y concesiones privadas”, instó el experto.
Y es que sin una inyección de capital y nuevas concesiones a empresas privadas, el país no podrá avanzar hacia una solución sostenible, afirmó. Para el largo plazo, también es fundamental revisar el esquema legal que rige el sector energético, promoviendo una apertura que permita un flujo constante de inversión.
Un llamado urgente a la acción
La crisis energética que vive Ecuador no es un simple contratiempo pasajero. Es un síntoma de problemas más profundos que, si no se atienden con urgencia, pueden desembocar en una situación mucho más crítica. Mientras el país siga dependiendo de soluciones temporales y no enfrente los problemas estructurales de fondo, los apagones y la inestabilidad seguirán siendo una realidad constante.
“El futuro energético de Ecuador está en juego. Sin decisiones valientes e inmediatas, nos arriesgamos a hundirnos en una crisis aún mayor”, concluyó el experto.
El análisis de la crisis energética en Ecuador revela que esta es el resultado de problemas estructurales arrastrados durante décadas y que no pueden ser imputados al actual gobierno de Daniel Noboa. La administración de Noboa se encuentra enfrentando una situación que es consecuencia directa de la falta de previsión y errores en la planificación energética de gobiernos anteriores, sumado a la inversión en obras sobrevaloradas que, además de ser ineficaces, no han resuelto las necesidades de infraestructura que el país requiere para garantizar una oferta energética sostenible.
El expresidente Guillermo Lasso, quien estuvo en el poder por dos años, no supo anticipar ni mitigar el deterioro del sistema eléctrico, lo que ha agravado la crisis actual. Durante su mandato, se dejaron de tomar decisiones clave en la gestión de CELEC y la planificación a largo plazo, lo que ha impedido que se desarrollen los proyectos necesarios para mantener un sistema eléctrico robusto.
El gobierno de Daniel Noboa no es responsable de la creación de esta crisis, pero sí tiene la oportunidad y el reto de sentar las bases para una solución duradera. Para ello, Noboa debe centrarse en promover una apertura a la inversión privada, pero con un enfoque estratégico: debe ser inversión extranjera directa y proveniente de empresas con una amplia trayectoria en el sector energético. No basta con permitir que grupos económicos locales, que podrían estar buscando beneficiarse de la crisis, entren en el mercado sin ofrecer soluciones sostenibles.
Además, Ecuador necesita establecer un marco jurídico claro y riguroso que proporcione seguridad y estabilidad a las inversiones a largo plazo en el sector energético. Este marco debe incluir reglas transparentes sobre concesiones, garantías de retorno de inversión, y mecanismos de control y regulación para evitar prácticas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Sin esta claridad jurídica, será imposible atraer a las mejores empresas internacionales, que buscan operar en entornos estables y con reglas del juego bien definidas.
Finalmente, es crucial que el gobierno no solo actúe como facilitador de la inversión, sino que también sea vigilante y proactivo en la supervisión de los proyectos energéticos. La fiscalización y el control eficiente de estas inversiones será clave para asegurar que las empresas que lleguen al país no solo aporten capital, sino que también contribuyan al desarrollo tecnológico, la modernización de la infraestructura y el crecimiento sostenible del sector energético.
En definitiva, Noboa tiene la oportunidad de corregir los errores del pasado y atraer inversión extranjera de calidad para garantizar la estabilidad energética del país. Esto requerirá una estrategia que priorice la inversión internacional, un marco jurídico sólido y una gestión activa por parte del gobierno para asegurar que estas inversiones sean beneficiosas a largo plazo para Ecuador.