A inicios de este mes, el Consejo Nacional Electoral se ubicó nuevamente en el ojo del huracán al negar la inscripción de Verónica Silva, como candidata vicepresidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, PSE. Muy ligeros de huesos, como son sus consejeros, el PSE fue informado que su candidata constaba como fallecida en el registro electoral y que por ello necesitaba presentar un reemplazo, vivo, no fallecido, incluso el CNE fue un paso más allá y ratificó el padrón electoral aprobado. Cabe indicar que, técnicamente, existe una diferencia entre padrón y registro electoral, pero para efectos coloquiales se utilizan como sinónimo.
El PSE acudió al Tribunal Contencioso Electoral, que ordenó al CNE, el lunes 16 de septiembre, que se corrija el padrón electoral y se permita la candidatura de Silva. Este hecho es uno más de las arbitrariedades que comete el CNE, no solamente por el hecho de negarle a una ciudadana el derecho constitucional, artículo 61 inciso 1, a elegir y ser elegido, sino también por no cumplir con el artículo 25 del Código de la Democracia, inciso 15, que dice que es función del CNE depurar el padrón.
El caso de Silva ha vuelto visible, una vez más, las arbitrariedades que comete el CNE al creerse dueño absoluto de la verdad y ejercer su poder para determinar quién puede o no participar. Además, de ser otro ejemplo más, del manejo arbitrario de la información personal, mostrando una falta total de empatía con la ciudadana Silva.
Nuevamente, si el CNE electoral incumple con la ley, ¿por qué sus funcionarios no son sancionados? No basta con que se corrija el error, sino que quien infringe la ley debería ser sancionado. Cabe entonces la pregunta, ¿cuántos ciudadanos constarán como fallecidos y no podrán votar o cuántos fallecidos habrá que si votan?
Contrariamente a la actitud completamente arrogante demostrada por las autoridades del CNE, bien pudo optarse por una solución salomónica, ofrecer una disculpa pública a Silva y permitirle participar como candidata, aunque no corrija el padrón. Claro que esto es mucho pedir a los consejeros, porque para ellos más fácil hubiese sido pedir que ofendida fallezca para que el padrón sea consistente, antes que dar su brazo a torcer.