La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó una resolución con cinco votos a favor para investigar la posible manipulación de datos sobre homicidios en Ecuador desde la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 hasta 2023. Inés Alarcón, presidenta de la comisión, informó que este proceso busca esclarecer las inconsistencias en las cifras de muertes violentas que, presuntamente, fueron maquilladas para presentar una percepción de mayor seguridad en el país.
En entrevista con Notimundo Estelar, Alarcón señaló que desde la Comisión de Seguridad se ha iniciado un proceso de fiscalización independiente, paralelo a la auditoría que el Gobierno solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La investigación analizará el manejo de datos durante 15 años, en los que se habrían ocultado hasta 7.580 homicidios relacionados con delincuencia organizada, tráfico de personas y otros delitos graves.
Manipulación para crear una “falsa seguridad”
Alarcón destacó que la alteración de las cifras podría haber tenido fines políticos, buscando ocultar el verdadero nivel de violencia, especialmente en épocas cercanas a elecciones. “Se ha intentado dar una falsa percepción de seguridad en el país, cuando en realidad muchas muertes fueron encubiertas”, expresó. La investigación también incluirá posibles inconsistencias en datos de desapariciones y otros índices relacionados con la inseguridad.
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Proceso de fiscalización
La comisión llamará a comparecer a varias autoridades, entre ellas representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General, el Ministerio de Salud Pública y el sistema forense, con el fin de cotejar las cifras proporcionadas por el INEC y esclarecer la situación. Según Alarcón, el trabajo será arduo debido a la cantidad de años que abarca la investigación, pero subrayó que es necesario para hacer justicia a las familias de las víctimas de homicidios que nunca recibieron respuestas.
Finalmente, la asambleísta insistió en la importancia de transparentar la información para evitar que la impunidad siga siendo una constante en casos de violencia en el país.
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