El juez de garantías constitucionales, Édgar Romero, impuso una multa a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre (RC), por considerar que no ha cumplido con la sentencia que ordenaba reactivar los juicios políticos archivados contra tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso.

La sanción fue establecida en una providencia emitida el 6 de septiembre de 2024.

La sentencia, dictada el 22 de agosto tras aceptar la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), ordenaba la reactivación inmediata de los procesos y solicitaba que se informara al juez sobre el cumplimiento de su decisión en un plazo de 72 horas.

Este 3 de septiembre, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para rechazar la acción de protección otorgada a la asambleísta oficialista, Inés Alarcón.

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La moción, presentada por el asambleísta correísta Leonardo Berrezueta, fue aceptada con 87 votos a favor.

El Pleno ratificó la solicitud presentada a la Corte Constitucional, para el seguimiento de la sentencia 122-22-JC/23.

Esta sentencia establece que la justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos políticos.