La ministra de Ambiente, Inés Manzano, abordó las dificultades legales en torno al cierre del Bloque ITT, situado en el Yasuní, durante una entrevista este viernes 6 de septiembre de 2024 en Teleamazonas. Destacó que para proceder con el desmantelamiento de las operaciones en esa zona, es necesaria una nueva licencia ambiental y que, en áreas donde habitan comunidades indígenas, es indispensable realizar una consulta previa, de acuerdo con la legislación vigente.

El problema radica en una contradicción entre lo decidido en la Consulta Popular de 2023 sobre el Yasuní y un fallo posterior de la Corte Constitucional que obliga a realizar una consulta previa e informada a las comunidades indígenas afectadas. Según Manzano, la Corte declaró inconstitucional un decreto ejecutivo que permitía avanzar en el cierre del ITT sin realizar esa consulta, lo que ha frenado el proceso en ciertas áreas de influencia indígena.

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“Para avanzar en el cierre de ciertas zonas del ITT necesitamos un tipo específico de consulta, pero la inconstitucionalidad del decreto nos ha dejado inmovilizados”, explicó la ministra. A pesar de que algunas áreas pueden ser intervenidas, la falta de una licencia ambiental impide continuar en otras.

Ante esta situación, Manzano expresó su preocupación sobre la posible presentación de una demanda por incumplimiento de la Consulta Popular. “Es posible que la Corte Constitucional espere una demanda por incumplimiento, pero yo no he incumplido nada”, aseguró. Además, cuestionó el enfoque de la Corte en este tema, afirmando que la situación ha sido mal manejada desde un ángulo ideológico.

“Se han metido en una situación compleja sin tener un conocimiento adecuado del tema, y ahora deben resolverlo de acuerdo con el derecho”, concluyó la ministra.