El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha decidido reactivar el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, con la unificación de dos procesos en su contra. La reactivación del juicio, que había sido suspendido debido a un riesgo de maternidad que la fiscal alegó, se concretó el 4 de septiembre, según informó el asambleísta Diego Matovelle durante su intervención en Notimundo.

Matovelle, quien es asambleísta por ADN y vocal del CAL, explicó que la fiscal Salazar solicitó la reactivación del juicio luego de superar el riesgo asociado a su embarazo. En respuesta a esta solicitud, el CAL aprobó la unificación de dos juicios políticos: uno solicitado por la asambleísta Gisela Garzón y otro por el asambleísta Héctor Valladares, ambos de la Revolución Ciudadana.

El asambleísta detalló que la decisión de unificar los juicios responde a la necesidad de tratar ambas peticiones de manera conjunta en la comisión de fiscalización. Según Matovelle, la fiscal ya está lista para enfrentar el proceso que quedó pendiente tras la suspensión anterior. La unificación permitirá que los dos pedidos de juicio político sean examinados de forma conjunta, facilitando así el avance del trámite legislativo.

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Matovelle también abordó la situación de otros juicios políticos en curso, destacando que el juicio contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, ha quedado en suspenso debido a una decisión de un juez de la unidad judicial de Quitumbe. Según el asambleísta, este juicio debe esperar su turno, mientras que el juicio a la fiscal Salazar será el próximo en ser atendido, conforme al orden de prelación establecido por la ley.

En cuanto a la suspensión del juicio contra Palencia, Matovelle destacó la importancia de respetar las decisiones judiciales que buscan garantizar la seguridad jurídica del Estado. Subrayó que el juez constitucional ha actuado para asegurar el debido proceso, y que los asambleístas deben acatar dichas decisiones.

Sobre la postura de su bancada, Matovelle afirmó que ADN respalda a la fiscal Salazar, argumentando que ha demostrado un desempeño coherente en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. La bancada considera que el juicio político en su contra es un intento de persecución política, y que no hay fundamentos suficientes para censurarla.

El proceso ahora se encuentra en manos de la comisión de fiscalización, que deberá analizar los argumentos presentados y decidir sobre el avance del juicio unificado. La fiscal Salazar deberá comparecer ante esta comisión según lo determine el procedimiento legislativo.