La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió aportes al proyecto de Ley para el cumplimiento de la voluntad popular expresada en la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, en lo relativo a la prohibición del arbitraje internacional. A tal efecto, recibió a Francisco Paredes, experto en derecho económico internacional; y, a Carlos de la Torre, exministro de Finanzas y catedrático universitario.

Francisco Paredes aseguró que, si bien el pronunciamiento popular prohíbe el arbitraje del Estado ecuatoriano para solucionar controversias a nivel internacional, sí es necesario mantener y clarificar los mecanismos de arbitraje para el caso de las inversiones privadas, puesto que estos procesos benefician a pequeños y medianos empresarios. “Es una gran oportunidad para actualizar una ley que ha estado vigente por más de 30 años”, agregó.

En este contexto, consideró importante incluir disposiciones para reforzar aspectos como la responsabilidad de los árbitros, su independencia y la posibilidad de una recusación para aquellos árbitros que tienen conflictos de interés con quienes acuden a este medio para solucionar las controversias.

De su lado, el economista Francisco de la Torre subrayó que el argumento por el cual la existencia de la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional incentiva la inversión extranjera no tiene evidencia en la realidad, menos aun tratándose de inversiones relacionadas con la extracción de recursos naturales, actividades que no generan un encadenamiento productivo y solo buscan beneficiarse de la riqueza que generan, sin que el Estado obtenga beneficio alguno.

Añadió que los centros de arbitraje, como en el caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución que es parte del Banco Mundial (BM), están diseñados para proteger los intereses de las empresas frente a las supuestos arbitrariedades en las que incurren los estados, sobre la base de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC). Tan es cierto, dijo, que no es posible que acojan las demandas que puedan presentar los estados, sino únicamente las que son auspiciadas por las empresas, generalmente, transnacionales.

Fernando Cedeño, presidente de la Comisión, agradeció por los aportes al tratamiento del proyecto de Ley para el cumplimiento de la voluntad popular expresada en la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, en lo relativo a la prohibición del arbitraje internacional, al tiempo que pidió a los expertos que sus sugerencias y observaciones sean remitidas por escrito.