El 5 de agosto, el abogado constitucionalista Andrés Benavides presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la sanción de tres días de cárcel por exceder los límites de velocidad, contemplada en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Benavides cuestiona la proporcionalidad de la pena, argumentando que la sanción debería reflejar la gravedad de la infracción sin recurrir a la privación de libertad por exceder los rangos moderados.

Actualmente, la normativa establece que un conductor que supere los 60 km/h en áreas urbanas puede enfrentar tres días de cárcel, una multa de USD 460, y la reducción de 10 puntos en su licencia. Esta regulación entró en vigencia el 30 de julio, cuando se implementaron los operativos de control con cinemómetros, resultando en la detención de un ciudadano extranjero por exceder el límite de velocidad en 4 km/h.

La jueza Teresa Nuques, encargada de la admisibilidad del recurso, aceptó la demanda y sugirió adelantar su revisión en el Pleno de la Corte Constitucional. Además, ordenó notificar a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, y la Procuraduría General del Estado para que, en un plazo de 15 días, defiendan o impugnen la constitucionalidad de la sanción impugnada. La Asamblea Nacional también deberá remitir a la Corte el expediente que dio origen a la normativa cuestionada.