En el año 2015, tuve la oportunidad de colaborar en una pasantía en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este espacio, distinto al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tienen una relación más directa y cercana con las víctimas directas e indirectas y sobrevivientes de las más graves violaciones a los derechos humanos, me brindó las más grandes lecciones sobre los deberes del Estado para garantizar la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas.

Con este contexto quiero traer a la reflexión unas palabras que escuche en este espacio en donde se defienden y promueven valores democráticos como la justicia; y, sobre lo que debe hacer un Estado frente a un caso grave de vulneración de derechos.

La diferencia entre vivir en una democracia y en una dictadura de partido, régimen autoritario, populismo y una larga lista de distorsiones, radica en que, en democracia, al constatarse vulneraciones a los derechos humanos, lo propio es investigar, sancionar y reparar. El actuar del Estado se orienta en la debida diligencia reforzada.

El pasado 29 de junio, Ecuador conoció el femicidio de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes, al interior de un recinto militar. El 12 de agosto cuatro de los procesados, militares, compañeros de brigada de Pamela, quienes se encontraban con prisión preventiva retornaron a sus labores en las Fuerzas Armadas del Ecuador con medidas sustitutivas. Mientras que la familia de Pamela Ati sigue en la espera de una investigación, sanciones por la muerte violenta de su hija. Acciones clave en una democracia.

En un Estado que olvida sus obligaciones principales, sólo queda, acudir a la última estrella de esperanza, el sistema interamericano de derechos humanos; y, más allá de una condena al país, existe lo que el poeta Borges decía: Sólo una cosa no hay. Es el olvido.

El femicidio de Pamela Ati, no puede quedar en el olvido ni en la impunidad.