En un mensaje de video, difundido en sus redes sociales la noche de este lunes 19 de agosto de 2024, la fiscal general del Estado Diana Salazar informó que, luego de tener una actualización de su estado de salud, con la autorización de su médico, puede contar que la pausa obligada que tomó por su embarazo de riesgo, ha llegado a su fin.

Agregó que esperará el momento para actuar sus pruebas en el llamado a juicio político que la bancada legislativa del movimiento correista Revolución Ciudadana (RC5) promueve en su contra, proceso al que la fiscal calificó como “narco juicio político”.

“Como siempre lo dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narco juicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda, por el trabajo que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada” enfatizó la fiscal.

Agregó que no le teme a la responsabilidad de ese cargo, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes, en su opinión, no tienen sustento, se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales.

“Sí, los miembros de las estructuras criminales sentenciados y prófugos que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes de forma velada buscan salvaguardar sus intereses”.

La fiscal señaló además que, por la transparencia con la que actúa, ha informado sobre su alta médica a la Asamblea Nacional y anticipó que seguirá ejerciendo sus funciones en las audiencias donde se requiere su trabajo, sin descuidar los procesos llevados adelante desde hace cinco años y medio.

“De ninguna forma este evento (si embarazo) puede ser una distracción para que los casos Vocales, Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes”, señaló.

La titular de la Fiscalía General también fue enfática al advertir que no crean que han logrado sacarla de los tribunales, para que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios donde, con el dinero suficiente podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales.

“A eso nos enfrentamos como país. Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablarán por sí mismas”.
Con esas palabras concluyó Diana Salazar su mensaje que duró dos minutos con veinte y dos segundos.

El 3 de septiembre, luego de la vacancia legislativa, se retomará el trámite del juicio

Casi de inmediato, la Asamblea Nacional, en un breve comunicado, a través de sus redes sociales, respondió al oficio de la fiscal, e informó que, después de la vacancia legislativa, del 19 de agosto al 2 de septiembre, se convocará  a sesión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para conocer y resolver sobre el pedido de reactivación del juicio político en su contra.

Diana Salazar es fiscal general desde 2019 y concluirá su gestión en abril de 2025. Desde entonces ha liderado una serie de investigaciones sobre casos de corrupción como los del millonario desfalco al Institutto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), la compra con sobreprecio de los helicópteros Dhruv y el asesinato del exgeneral de la FAE, Jorge Gabela, quien denunció esa irregular negociación; los casos Las Torres y Sinohydro, sobre corrupción en el sector perolero; el caso Sobornos relacionado con la trama de la brasileña Odebrecht:; el caso Reconstrucción de Manabí, entre otros, en los que han sido vinculados y están sentenciados los máximos representantes de la RC5, entre ellos los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.

Contra Diana Salazar hay dos pedidos de juicio político impulsados por los legisladores Gisella Garzón y Héctor Valladares, ambos de la bancada de la RC5, que es la mayor fuerza legislativa, con 51 miembros.