La jueza Enma Tapia calificó como un “show político” la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso Confourtable, que derivó en allanamientos a su domicilio y al de la jueza Katherine Muñoz, acusándolas de presunto cohecho. Señaló que los allanamientos fueron autorizados por un conjuez provincial de lo civil, Pablo Fajardo Loaiza, quien está bajo investigación por irregularidades y no tiene competencia en temas penales.

Tapia explicó que la investigación surgió a raíz de su participación en la resolución de un pedido de hábeas corpus solicitado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien buscaba ser trasladado de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito. Según Tapia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) justificó la permanencia de Terán en La Roca alegando riesgos a su integridad en la Cárcel 4, pero no presentó pruebas contundentes para respaldar esta decisión.

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Durante el proceso, la abogada del SNAI se acogió al derecho al silencio cuando se le pidió fundamentar el supuesto peligro, mientras que el fiscal Wilson Toainga, a cargo del caso, no asistió a las audiencias. Pese a esta ausencia, Toainga solicitó los allanamientos, lo que Tapia calificó como un acto “ilegal e ilegítimo”, señalando que debía contar con elementos de convicción antes de proceder.

Tapia advirtió que el conjuez Fajardo, quien autorizó los allanamientos, podría ser acusado de “error inexcusable” debido a la falta de fundamentos en su decisión y a su condición de investigado por otros casos. La jueza cuestionó el manejo del caso y reiteró que el proceso carece de sustento legal, lo que refleja un manejo politizado de la justicia.