En un artículo anterior, refiriéndome a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, expresé que llamaba la atención, por decir lo menos,  que esta Institución que ha sido el paradigma de la cultura de nuestro país nacional e internacionalmente – ya no lo es y debe volver a serlo – venga siendo utilizada desde el 2017 en actos y eventos de tipo eminentemente políticos, con la autorización de seudos directivos iletrados, ignorantes de la problemática cultural y oportunistas, designados ilegalmente en procesos electorales amañados y corruptos de esa Institución. Señalé que la Contraloría y la Fiscalía deberían intervenir para analizar y establecer los procedimientos utilizados mañosamente para sancionar esta ilegal e indebida utilización de instalaciones y escenarios de la Casa, pues las edificaciones e instalaciones, bienes y enseres de ella son recursos públicos. La disposición arbitraria por parte de funcionarios públicos de bienes muebles e inmuebles públicos está tipificada como peculado por el Código Orgánico Integral Penal. En problema está en que, si no somos los actores culturales y la ciudadanía que ama nuestra cultura, los que acudamos ante estas instancias con nuestras denuncias, no se podrá obtener su intervención.

Ilegalmente, se utiliza el nombre de Casa de las Culturas Ecuatorianas, lo cual también constituye un delito. Mientras no haya una reforma a la Ley de Cultura que en su Capítulo 8 titulado: “De la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en sus artículos 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 165, 166, 167, señala expresamente e identifica a la Institución como Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, no se puede cambiar su naturaleza jurídica ni su nombre. Sin embargo, como si la Casa fuera una isla aparte de todo el sistema institucional administrativo de nuestro país, en documentos oficiales, en todo tipo de publicidad, en el papel membretado simple, y en todo, se elimina su identificación legal y el nombre del Maestro Benjamín Carrión. Es decir, todo es ilegal en esta institución.

Por cierto, que esta situación no se reduce exclusivamente a los ejecutivos usurpadores de funciones de la Casa. Tiene mucho que ver toda la institucionalidad cultural oficial de nuestro país, empezando por los Ministros de Cultura que, desde el 2017, cuando ya estaba en vigencia la Ley Orgánica de Cultura (Reg. Of. 913 de 30 de diciembre de 2016) y en la cual, según el art. 151 integraban La Junta Plenaria de la Casa  son cómplices por acción u omisión de todo lo malo que ha ocurrido en esta Institución, pues nada bueno se ha hecho desde el 2012 hasta esta fecha. A tanto llega la podredumbre en la Matriz de Quito, que los cuidadores de vehículos, cuando habían programaciones artísticas, organizadas por productores artísticos privados y en otras veladas artísticas convocadas por grupos de teatro y de danza que tienen sus escenarios en las instalaciones de la Entidad, entregaban a altos funcionarios el 50% de los 3, 4 y 5 dólares que cobraban por el cuidado de los carros. Eso lo sabe la mayoría de empleados de la Institución, perseguidos y denigrados por la cáfila de altos rateros que han estado al frente y que buscaban que no denuncien estos miserables atracos.

Se impone una reorganización total de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión.  Ahora, sólo para ejemplificar, señalo que hay una situación de bochorno y un pugilato legal entre el Ballet Ecuatoriano de Cámara (También Ballet Nacional de Ecuador) cuyo Director eterno y propietario es Rubén Guarderas y Fernando Cerón quien funge ilegalmente como Presidente de la Sede Nacional de la CCE Benjamín Carrión, que posiblemente termine con algunos “directivos” de ésta, elegidos ilegalmente, en la cárcel. A breves rasgos se los cuento:

a) En el periodo de Raúl Pérez Torres, 2000-2004, RUBEN GUARDERAS director del Ballet Ecuatoriano de Cámara, consiguió que éste le permitiera introducir en el presupuesto de la CCE una partida de más de un millón de dólares que se le haba asignado al Ballet y que en los últimos años fluctúo entre un millón quinientos mil dólares a casi dos millones, algo así como un millón novecientos setenta mil dólares.

b) De esta manera nadie sabía que el Ballet contaba con esa asignación y que Rubén Guarderas, podía manejar el dinero, como efectivamente lo manejó, sin que nadie le exija cuentas, con un perfil bajísimo, y claro, dentro de sus cuentas y bolsillos personales. Explotó a los bailarines, personal administrativo y utilizó en su beneficio personal vehículos, dinero y bienes y enseres. Por ello debe responder ante la Contraloría y la justicia ecuatoriana. Entre el 2001 y el 2023 Guarderas recibió cerca de cuarenta millones de dólares. Vean el programa 360 dirigido por la periodista Tania Tinoco con la investigación del periodista Hernán Higueras, titulado la danza de los millones, VISION 360, 2019, 9 de septiembre, Programa 22 de la Sexta Temporada de Visión de 360.

c) Sucede que Fernando Cerón se tomó ese dinero del Ballet de los años 2021 y 2022, y según información de la misma CCE lo repartió a los Núcleos, los mismos que lo utilizaron, de buena fe se entiende, porque no conocían el origen del dinero y Fernando Cerón nunca se los dijo. Estos dineros, fueron utilizados con la orden y la responsabilidad de los Directores Provinciales, que de acuerdo con las normas legales son funcionarios públicos igual que F. Cerón.

d) Rubén Guarderas planteó una Acción Constitucional de Protección para la restitución del dinero. La Jueza competente que conoció de la misma decidió que deben devolverle el dinero. La sentencia está en firme. Y Rubén Guarderas, con esta resolución, les envió comunicaciones a la Junta Plenaria, señalándoles que, de conformidad con esta Resolución judicial, deben devolverle el dinero al Ballet y que si esto no se da, caerán en delito de desacato y que aparte de esto, de conformidad con la ley, podrán ser destituidos tanto Fernando Cerón como los Miembros de la Junta Plenaria, de la que también es parte la ex Ministra de Cultura y hasta la actual. Efectivamente, la ley es clara e imperativa en ese aspecto. Esto significa que todos podrían ser destituidos e ir a la cárcel por el desacato. Pero también la Fiscalía podría iniciarles un juicio penal por peculado, al haberse beneficiado de dineros públicos que no les correspondía y, también por beneficiarse con dineros públicos que reciben como sueldos, dineros del pueblo ecuatoriano, porque en lugar de cumplir con la Constitución y las leyes por lo que se les paga esos sueldos, cobran y reciben dineros públicos por contravenir la Constitución y las leyes, es decir, por hacer deliberadamente lo contrario. La Constitución de la República señala expresamente que ningún funcionario público está exento de responsabilidades: administrativa, civil y penal.

e) Hay un video que corresponde a una Junta Plenaria autoconvocada por varios Miembros, en la que algunos Directores Provinciales y Miembros de la Junta Plenaria increpan y reclaman a Fernando Cerón por no haberles informado nunca de este asunto.

f) Ahora Cerón y los Directores Provinciales tienen que conseguir el dinero para reponerle al Ballet y a Guarderas lo que se gastaron y lo más pronto posible, antes de que Rubén Guarderas la destitución de todos ellos e inicie ante la Jueza el trámite por el desacato. La Fiscalía tendrá que obligatoriamente iniciar el juicio penal y es muy posible que solicite al juez competente la orden de detención para todos los implicados.

g) Fernando Cerón busca la candidatura a Asambleísta para tener inmunidad electoral primero para la campaña y luego si es que gana, que lo dudo, inmunidad parlamentaria. Pero, como son recursos públicos la Asamblea tendrá que autorizar su enjuiciamiento penal.

h) Con esto, le han dado la mejor oportunidad para que éste y el próximo gobierno no le den un solo centavo a la Institución y la asfixien económicamente.

i) Los nuevos personeros de Sede Nacional y Direcciones Provinciales tendrán que afrontar esta situación, porque aunque ellos no han cometido los abusos ni los delitos serán los que deberán responder por la devolución del dinero en su calidad de nuevos directivos y, si no lo hacen igualmente caerán en desacato y serán destituidos de sus cargos.

i) La Contraloría tiene que intervenir inmediatamente y de allí, casi seguro saldrá un informe con responsabilidad penal y las glosas correspondientes, procediendo a ejercer las acciones coactivas, con las medidas de embargo de bienes, casas, departamentos, vehículos, cuentas bancarias, etc. etc. de los responsables.

Así es de grave es la situación. Quienes trabajamos en el campo de la cultura de nuestro país no podemos quedarnos impávidos ni inermes frente a todo lo que sucede. Precisamente, porque de una u otra forma, hemos sido indiferentes a todo esto, los culturólogos delincuentes han hecho y siguen haciendo lo que les viene en gana. Y las autoridades que debían intervenir por mandato de la Constitución y las leyes, se han hecho de la “vista gorda” y lo han permitido. Es hora ya, de que tomemos una posición firme y actuemos presentando las acciones legales pertinentes para que, empezando por la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y otras entidades públicas de cultura, toda la institucionalidad cultural oficial, sea limpiada de esta delincuencia organizada, que es parte del cáncer de la corrupción generalizada que azota nuestro país.