María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derecho y Justicia (ODJ), se mostró seriamente preocupada por las irregularidades detectadas en el concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), uno de los máximos organismos de la administración de justicia en Ecuador.

Durante una entrevista en Teleamazonas, la mañana de este miércoles 14 de agosto de 2024, la abogada lamentó que el proceso, sobre el que se esperaba que restableciera la confianza ciudadana tras la anulación del concurso anterior, esté nuevamente en entredicho, debido a múltiples inconsistencias denunciadas.

Miño señaló que una de las mayores inquietudes radica en la empresa contratada para realizar las pruebas de confianza a los postulantes, cuya falta de experiencia y transparencia ha sido cuestionada.

“La empresa no tiene la experiencia suficiente para llevar a cabo estas evaluaciones, y esto se confirmó tras una visita a sus instalaciones”, expresó Miño, refiriéndose a una reciente investigación periodística publicada por el periodista Fausto Yepes, también de Teleamazonas.

Según ese reporte informativo, no solo se desconoce quiénes son los dueños de la empresa, sino que estos tampoco han dado la cara para explicar la metodología empleada para la toma de las pruebas rendidas por los aspirantes a jueces de la CNJ.

Miño también mencionó que estas irregularidades no se limitan a las pruebas de confianza e incluyen problemas en la recalificación de la prueba teórica y en la valoración de las carpetas y experiencia de los postulantes. “Hay discordancias en cómo se han calificado ciertos rubros. A algunos postulantes se les permitió ingresar documentos fuera de plazo, mientras que a otros no”, explicó.

Ante esta situación, la jurista subrayó que ya se ha presentado varias acciones de protección, algunas de las cuales han sido negadas, pero otras están pendientes de audiencia. “Lo que tenemos es un concurso cargado de muchos cuestionamientos, insatisfacción y dudas”, afirmó.

Y, si bien, Miño dijo que una solución técnica podría ser la anulación del proceso y comenzar de nuevo, admitió que aquello resulta complicado por el tiempo y por el costo que tocaría asumir al Estado porque se trata de fondos públicos, en momentos en los que el país no pasa por su mejor momento económico.

Miño concluyó que, aunque se podría corregir el proceso en curso, las sombras de duda sobre la transparencia y legitimidad son reales. Ante ese panorama, exhortó al Consejo de la Judicatura a tomar en serio los reclamos y a responder las solicitudes de información de los veedores oficiales y de la sociedad civil, para evitar una nueva nulidad y garantizar un proceso más justo y transparente.