En días recientes, se conocieron los resultados de una pericia policial a la bitácora de la urbanización Mocolí Golf Club, de la que se desprenden las visitas constantes realizadas por la expresidenta y exjueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas al domicilio de Pablo Muentes, señalado como autor del delito de delincuencia organizada en el denominado caso Purga.

Sin duda alguna, estos hechos vulneran el principio de independencia judicial, poniendo en evidencia la influencia del poder político en las decisiones de los operadores de justicia, socavando la separación de poderes y la objetividad que deben mantener los jueces en sus actuaciones.

Las visitas por parte de los entonces jueces y juezas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas a la mansión de Pablo Muentes se produjeron entre julio de 2022 y febrero de 2023. Así tenemos a: Johan Marfetán, 108 visitas; Tatiana Villafuerte, 99 visitas; Fabiola Gallardo (expresidenta de la Corte Provincial del Guayas), alrededor de 34 visitas; Hugo González, 4 visitas, entre otros.

Estos encuentros frecuentes entre un actor político como Muentes e integrantes de la Alta Corte de Justicia de la provincia del Guayas no pueden ser analizados de forma aislada, sino como parte del contexto de la crisis sin precedentes que enfrenta el sistema judicial en nuestro país, en la que también se advierte la injerencia de Grupos de Delincuencia Organizada que han sumado a sus filas a decenas de funcionarios públicos.

Esta lógica de corrupción ha sido conocida por el país entero a raíz de los casos Encuentro, Metástasis, Purga y Plaga. Cabe señalar que en estos casos también están involucrados policías, agentes penitenciarios, abogados en libre ejercicio, fiscales y empresarios.

Todo esto da cuenta del nivel de corrupción que existe en la justicia ecuatoriana, pero también de la falta de articulación entre las instituciones de control que, por un lado, inobservan las normas de control y, por otro, no generan ni ejecutan políticas públicas encaminadas a la transparencia y a la prevención de actos de corrupción y conflicto de intereses.

Frente a estos hechos, además del trabajo que debe realizar la propia administración de justicia sancionando a quienes incurrieron en este tipo de actos reñidos con la norma y la ética, están las acciones que debe realizar el Consejo de la Judicatura en la selección y designación de los mejores perfiles para este tipo de espacios, a través de concursos de méritos y oposición transparentes y alejados de oscuros intereses, así como, de procesos disciplinarios. Asimismo, la actuación y la vigilancia de la ciudadanía son cruciales para que nunca más la justicia se convierta en un servicio a domicilio.