El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, el 9 de agosto de 2023, marcó un antes y un después en la crisis de violencia que vive Ecuador. Este magnicidio, ocurrido semanas después del asesinato de un alcalde en la costa, fue ejecutado por sicarios colombianos que, camuflados entre la multitud en un mitin político, dispararon contra Villavicencio, dejando al país en estado de conmoción.

A un año del crimen, 13 personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato. Sin embargo, seis de ellas fueron asesinadas en la cárcel de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, y una más en la prisión de El Inca en Quito.

De los sobrevivientes, cinco fueron condenados como autores y cómplices el 12 de julio pasado. Estos individuos, según la Fiscalía, fueron quienes organizaron el arribo de los sicarios desde Colombia, les proporcionaron vehículos y coordinaron la ejecución del crimen.

El autor intelectual del asesinato ha sido identificado como Carlos Angulo, alias “Invisible”, quien, desde su reclusión en la cárcel de Cotopaxi, dirigió el operativo mediante videoconferencias y dio la orden final a Johan Castillo, alias “Ito”, el sicario encargado del asesinato.

Laura Castillo, alias “La Flaca”, fue la encargada de ejecutar las órdenes desde la cárcel y, junto a Angulo, fue sentenciada a 34 años de prisión. Los otros tres implicados recibieron penas de 12 años como cómplices.

Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del candidato, expresaron a El País su frustración con el proceso judicial. La Fiscalía mantiene en reserva gran parte de la información del caso, lo que ha impedido a la familia acceder a detalles clave de la investigación. “Nos hemos dado cuenta de que el país está en una orfandad de justicia”, lamenta Tamia, subrayando la falta de transparencia y el temor de que se esté encubriendo a otros actores responsables.

Villavicencio, conocido por su férrea oposición al expresidente Rafael Correa y sus investigaciones periodísticas que destaparon casos de corrupción, se había convertido en una figura incómoda para muchos. En su última entrevista antes del asesinato, criticó duramente la falta de acción de las autoridades frente al crimen organizado y reveló que había recibido amenazas de uno de los criminales más peligrosos del país, alias “Fito”.

A pesar de las múltiples amenazas recibidas, la protección policial asignada a Villavicencio fue insuficiente. Cristian Cevallos, el oficial a cargo de su seguridad, solicitó en varias ocasiones recursos adicionales para proteger al candidato, pero sus pedidos no fueron atendidos. Este dato, junto con la información sobre las falencias en la custodia de los sicarios en prisión, forma parte de una investigación del Congreso, que concluyó que el asesinato de Villavicencio fue un crimen político. Sin embargo, un informe paralelo, aprobado por la mayoría de la comisión del Congreso, exculpó al Gobierno y a la Policía, generando más dudas y desconfianza en la familia Villavicencio.

“Nos sentimos huérfanas del Estado”, dicen Amanda y Tamia, quienes se mantienen firmes en su búsqueda de justicia y en continuar el legado de su padre, quien siempre luchó por la verdad. La familia sigue esperando respuestas claras y contundentes sobre quiénes fueron los verdaderos responsables del asesinato y cómo fue posible que se cometiera bajo la supuesta vigilancia del Estado.