En Ecuador, los pacientes con insuficiencia renal enfrentan una situación crítica debido a la deuda que mantienen tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con las clínicas dializadoras del país.

La insuficiencia renal es una condición médica que requiere un tratamiento especializado que consiste en depurar la sangre cuando los riñones no tienen la capacidad de hacerlo. Cuando este procedimiento no se realiza a tiempo, el paciente corre el riesgo de morir. Se estima que alrededor de 17.000 personas no están recibiendo a tiempo el tratamiento que necesitan para sobrevivir.

Todo esto ocurre pese a que nuestra Carta Fundamental garantiza a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. Es decir, nos encontramos frente a la inobservancia de un mandato constitucional por parte de las autoridades del sistema de salud pública, lo cual se evidencia en la falta de acción y la no implementación de políticas efectivas que garanticen la atención adecuada a los pacientes con insuficiencia renal.

La prevención y el manejo temprano integral de las enfermedades renales crónicas podrían mejorar de manera sustancial la calidad de vida de la población ecuatoriana, tomando en cuenta que esta patología prevalece dentro de las diez primeras causas de mortalidad general en el Ecuador. En este ámbito, la Corte Constitucional a través de su sentencia de revisión aprobada el 30 de septiembre de 2020, determinó los siguientes parámetros para la adopción de una política pública de prevención:

“Las personas con insuficiencia renal tienen derecho a una atención integral en salud que sea oportuna, preferencial, gratuita y especializada, tanto en nefrología, así como en los aspectos nutricional y psicológico y otras áreas indispensables para mitigar el impacto que produce esta enfermedad. Así como el acceso oportuno y sin dilaciones al carné que acredita la condición de persona con una enfermedad catastrófica.
La política pública debe fortalecer notoriamente las medidas de prevención de la insuficiencia renal, a fin de contener y reducir el incremento sostenido que presenta esta enfermedad en el Ecuador.”

Está claro que estos parámetros dispuestos por el máximo órgano de control constitucional del país no se han cumplido. Por el contrario, hoy se advierte que, más allá de un tema de recursos, está de por medio la falta de voluntad política.

Desde el Gobierno central se han realizado ofrecimientos para superar la crisis y brindar tratamiento a los pacientes con insuficiencia renal; sin embargo, nada de esto se concreta y la realidad sigue siendo desalentadora.

Por todo esto, es imperativo exigir desde todos los espacios a las autoridades del Ministerio de Salud y del IESS la adopción de medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud y la vida digna de los pacientes con insuficiencia renal. Ninguna persona que se encuentre en estas condiciones, ni sus familiares, debería tener que realizar plantones o incluso arrodillarse ante ciertas autoridades para ser escuchados y atendidos. La salud pública no es caridad, es un derecho fundamental.