El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) emitió una alerta sobre el aumento de casos de tuberculosis en las cárceles ecuatorianas. Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI), informó que actualmente hay 624 reos afectados por esta enfermedad.

De acuerdo con Zaldumbide, el 69% de los casos se concentran en las cárceles de Guayas, con 435 afectados. Durante su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, el funcionario explicó que los reclusos en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más sobrepoblada del país, están siendo aislados en el pabellón 7, mientras que otros permanecen en cuarentena en las alas 1 y 2 del pabellón 10.

El SNAI ha desplegado brigadas de tamizaje en los 35 centros penitenciarios para identificar nuevos contagios. No obstante, el CDH critica la falta de acción por parte de los funcionarios del SNAI, argumentando que esta inacción ha permitido la propagación de la enfermedad. Además, denuncian que la militarización de las cárceles ha impedido el acceso del personal de salud a las prisiones desde enero hasta marzo de este año.

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El Comité contra la Tortura de la ONU también ha expresado preocupaciones sobre la gestión estatal de la situación carcelaria en Ecuador, señalando deficiencias en la atención médica a los internos.

Desde principios de 2024, el presidente Daniel Noboa ha clasificado la lucha contra el crimen organizado como un conflicto armado interno, calificando a las bandas criminales como grupos terroristas. Esta medida ha llevado a la militarización de las cárceles y a operaciones militares contra estos grupos, que se considera son responsables del aumento de la violencia en el país. En 2023, Ecuador reportó la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100,000 habitantes.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) informó en julio sobre 45 posibles violaciones de derechos humanos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas en el primer trimestre de 2024. Además, la Defensoría del Pueblo reportó en mayo 24 fallecimientos de presos entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, algunos de los cuales presentaron signos de tortura y desnutrición.

En respuesta a estas críticas, el Gobierno de Noboa ha reforzado el apoyo a las fuerzas de seguridad y ha rechazado las críticas internacionales de organizaciones como Human Rights Watch por los presuntos abusos cometidos por las fuerzas del orden.