Hace un par de semanas se suspendió el servicio de bicicletas públicas en la ciudad de Quito. El alcalde, Pabel Muñoz, anunció que nunca estuvo de acuerdo con el proceso anterior y que se encontraba trabajando en uno nuevo, aunque advirtió que “tomará tiempo tener las ofertas adecuadas”. Afirmó que los quiteños merecen un servicio que cumpla con sus expectativas.
A primera vista, parecería que la autoridad municipal finalmente se preocupa por brindar un servicio de calidad. Sin embargo, esta apariencia se desvanece al enterarnos de que, poco después de suspender el servicio de bicicletas públicas, se adjudicó directamente un contrato de $7.4 millones para el tratamiento de lixiviados.
Es imposible no sorprenderse o sentirse ofendido. El alcalde de Quito muestra mesura y pasividad cuando se trata de contratar servicios que los ciudadanos utilizamos a diario, como el de las bicicletas públicas. No obstante, adjudica rápidamente contratos millonarios de gran importancia para la ciudad.
Estos hechos, como siempre, mantienen a los habitantes de Quito en una indignación constante. A esto se suma un anteproyecto de ordenanza que se está gestando en el Concejo Metropolitano, generando mucho ruido por su forma y por los actores involucrados.
Me refiero a la ordenanza sobre vallas publicitarias. La normativa actual establece una distancia mínima entre vallas y multas altísimas por colocarlas sin permisos municipales. Sin embargo, Pabel Muñoz, quien es lento para planificar pero rápido para lo que le conviene, prepara una ordenanza que elimina la distancia entre vallas en zonas de alta densidad (avenidas). Esto hará que caminar y conducir por calles abarrotadas de vallas publicitarias se vuelva algo común. Además, permitirá que los empresarios que se benefician de estas vallas paguen las multas con “bienes o servicios”.
Una nueva realidad insensible para quienes recientemente pagamos la patente, esto hace que sea necesario plantearnos la pregunta: ¿por qué los ciudadanos comunes no podemos pagar nuestras multas con servicios o trabajo comunitario?
La única respuesta que encuentro es que no representamos un poder económico.
Somos simplemente ciudadanos de a pie viviendo bajo una alcaldía de hipocresías.
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