El gobierno venezolano exigió este lunes la retirada del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Además, ordenó el retorno de los representantes venezolanos en estos siete países de América Latina. La medida fue anunciada por el canciller Iván Gil a través de un comunicado en la red social X.

Gil justificó la decisión como una respuesta a las “injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derechas, subordinados a Washington” que, según él, están comprometidos con los “sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional” y buscan reeditar el fallido Grupo de Lima. El comunicado añade que el gobierno venezolano “se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”.

El anuncio se produce en medio de la controversia sobre la reciente victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, proclamada por el Consejo Nacional Electoral en la madrugada del lunes. La oposición venezolana, así como expertos y autoridades internacionales, han cuestionado la transparencia y legitimidad del proceso, que estuvo bajo el control del gobierno.

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Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay solicitaron una “revisión completa de los resultados” electorales y una “reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular”, según un comunicado de la cancillería argentina.

Los presidentes Javier Milei de Argentina y Rodrigo Chaves de Costa Rica, así como el canciller peruano Javier González-Olaechea, han acusado directamente a Maduro de fraude electoral. Gabriel Boric de Chile y Luis Lacalle Pou de Uruguay también expresaron serias dudas sobre la legitimidad del escrutinio.

En respuesta, el gobierno de Panamá anunció la retirada de su personal diplomático de Venezuela. Por su parte, el gobierno de Maduro no ha divulgado los resultados detallados de las actas oficiales y ha denunciado un supuesto ataque informático al sistema de votación, que atribuyen a la oposición, incluyendo a la líder María Corina Machado. Machado, a su vez, afirma tener copias de casi la mitad de las actas que demostrarían un triunfo del candidato opositor Edmundo González.