En el último informe a la nación, el presidente Daniel Noboa expuso cifras “icónicas” de su gestión, destacando su eslogan de campaña y prioridad número uno: el empleo joven. En su corto y conciso discurso a los ecuatorianos, citó la estadística de 105.000 nuevos empleos para los jóvenes.

La pregunta que nos hacemos como ciudadanos es: ¿son reales o son simplemente datos pre-campaña electoral que el mandatario expone sin fundamentos?

Lo cierto es que estos números no cuadran con las cifras de las entidades gubernamentales. Ni el Ministerio de Trabajo, ni el INEC, ni el IESS se ponen de acuerdo. La ministra de la cartera en cuestión, Ivonne Núñez, defendió la creación de 105.000 nuevos contratos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 29 años, como resultado de los beneficios tributarios de la primera ley económica del Gobierno.

En sus declaraciones, Núñez menciona verbalmente una lista de empresas que más han contratado (aún no visible en la página web del ministerio como acceso público a la información), liderada por empresas exportadoras y de comercio a gran escala. Sin embargo, las afiliaciones al IESS bajan en lugar de subir en el caso de los jóvenes y el INEC registra más informalidad y menos empleo adecuado.

Saque usted sus conclusiones (se llamaría este reto). Lo que todos los ciudadanos pueden asegurar en un breve sondeo de su percepción referente a este tema que el gobierno se vanagloria como hito de su gestión, es que no se evidencia en la cotidianidad.

Miles de jóvenes que salen al mundo profesional se quejan de la falta de oportunidades y las trabas para empezar su vida laboral. “Nos gobiernan ineptos”, asevera un lector, mientras que otro argumenta, “El empleo ha empeorado porque no existe interés político en revertir el problema”.

Lo cierto es que, si uno contrasta las cifras, se da cuenta de las discrepancias, lo que los voceros del gobierno llaman “discalculia”. ¿Será que aquello que no cuadra es más fácil tergiversar con una buena retórica propagandística que abordar de lleno para solucionar?

Según el INEC, la comparativa entre los primeros cuatro meses de 2023 y 2024 muestra una disminución de la población con empleo. Ni qué decir del empleo pleno, aquel que goza de seguridad social y derechos laborales, que también ha descendido.

Quito, Machala, Ambato, Cuenca y Guayaquil son las cinco ciudades que lideran el ranking de desempleo. Esta situación permite apreciar que, a pesar de las versiones oficiales sobre el éxito rotundo de las políticas de empleo joven, las fuentes de información del mismo sector público relatan datos diferentes.

Por ello, resulta extraño quedarse con la versión oficial que sugiere que los ecuatorianos tenemos “discalculia”, definida por la RAE como el trastorno de la capacidad para resolver problemas matemáticos elementales. ¿Será que el gobierno considera que los ciudadanos no podemos entender sus “logros de empleabilidad”?

La OIT sintetiza el trabajo decente como las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, con oportunidades de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para expresar opiniones, organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

Mientras tanto, los jóvenes siguen buscando oportunidades laborales en un mundo ya de por sí complicado. Los empleadores piden años de experiencia y no ven visibles los incentivos tributarios que supuestamente existen, resultando en una insuficiente oferta de plazas de trabajo.

Es fundamental una cruzada nacional por el empleo en la que el Estado, la academia, los gremios, la sociedad civil y las empresas tomen en serio esta problemática socioeconómica, más allá de la demagogia de los discursos de campaña, y diseñen hojas de ruta acordes a esta nueva realidad laboral, ejecutando acciones urgentes que reviertan estas cifras.

Lograr este objetivo es construir un futuro en el que los jóvenes tengan la oportunidad de prosperar en su propio país y posean mejores opciones, en lugar de verse atraídos por el crimen organizado que ha incrementado en los últimos años.

¿Es mucho pedir que se cumplan las ofertas de campaña? ¿O será que “el viejo Ecuador no quiere que sepas” esto tampoco?