En este tiempo de corrupción globalizada, uno de sus componentes principales, es la corrupción política; esto es, la utilización del poder político por parte de quienes lo detentan, para a través de la función pública y de los cargos que ostentan y en algunas ocasiones en connivencia con actores del sector privado, aprovecharse y apoderarse de los recursos económicos y financieros del Estado para beneficio propio, de sus familiares y de sus cómplices. Generalmente, los políticos corruptos, buscan llegar a la función pública a través de partidos y movimientos políticos “legalmente reconocidos” que son los que ponen Jueces, Legisladores, Fiscales, Ministros, Viceministros, Subsecretarios, burócratas de niveles altos y medianos, Alcaldes, Prefectos, Gobernadores e Intendentes y directivos de Entidades Autónomas. No se puede inscribir una candidatura sino existe el auspicio y la inscripción de un partido o movimiento político. En nuestro caso, por ejemplo, los congresistas eran los que designaban a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional, Cómo se llegaba a ser congresista? A través de los partidos políticos que los postulaban y con la votación “popular” que los “elegía” y, en múltiples ocasiones, también con el “amarre” de Miembros de los Tribunales Electorales. Recuerdo que cuando el Ingeniero León Febres Cordero, en 1.984 llegó a la presidencia de la República, el Congreso eligió a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia y casi todos fueron Abogados vinculados a la Democracia Cristiana o “Democracia Popular”. El Ingeniero Febres Cordero cercó las instalaciones del Palacio Legislativo con  tanques de guerra del ejército ecuatoriano previo acuerdo de altos jefes militares que ilegalmente se prestaron para esto y obligó al Congreso a nombrar la mitad de la Corte Suprema con Abogados del Social Cristianismo. Se repartieron la Corte.  Hoy es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que elige, entre los altos cargos de la administración del Estado, mediante “concurso” a los jueces nacionales. Una Institución que tuvo como Presidentes a un “delincuente” (delincuente porque fue condenado) como el Cura Túarez, otro enjuiciado política y penalmente por utilizar un carnet de discapacitado como el señor Cristian Cruz, y otros destituidos por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional como la señora Sofía Almeida y el Abogado Alembert Vera. Una historia negra de un organismo que fue coptado por la corrupción política de nuestro país. El ejercicio de la política, principalmente sin ética y honestidad, es un ejercicio mafioso que debemos desterrar. Puede la ciudadanía confiar en este Organismo, independientemente de que pueda conformarse por gente independiente y honrado? La ciudadanía ha dado su veredicto: Quiere que este organismo desaparezca. Yo creo que debería existir bajo otras premisas jurídicas, pero es una simple opinión que no la puedo sustentar ahora por razones de espacio.  

Por otra parte, nos preguntamos que es el Lawfare? Existen algunas definiciones, como la que señala que es “la judicialización de la política”, porque se persigue a los opositores políticos utilizando normas legales, fiscales y jueces, principalmente para encarcelarlos y tenerlos inmovilizados en su accionar político. Por otro lado, al lawfare se lo ha considerado y considera como una guerra jurídica por la que un poderoso político o sus cómplices políticos, “instrumentalizan el sistema de justicia para así poder perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos”​.

La Función Judicial, en nuestro país, tiene el deber constitucional y legal de administrar justicia con aplicación correcta de la Constitución, leyes y reglamentos legalmente vigentes y de los tratados internacionales y, los jueces, fiscales y demás operadores de la administración de justicia son responsables por el perjuicio que se cause a las partes procesales de un juicio de cualquier naturaleza que sea, por “retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”, como lo puntualiza el art. 172 de la Constitución de la República. Precisamente, estos son, entre otros, los elementos sustanciales que utilizan los políticos poderosos para ejercitar el Lawfare en contra de la oposición. En Ecuador, lo venimos viviendo desde hace muchos años, a veces disimuladamente y en estos últimos quince años descarada y cínicamente.

Los implicados, sentenciados y prófugos del caso “Soborno” (cohecho, de acuerdo a nuestra legislación penal) sostienen que en este caso ha existido desde su inicio un Lawfare y, han enunciado, tanto nacional como internacionalmente, algunos aspectos jurídicos que consideran elementos importantes de esta supuesta “guerra judicial sucia” para aniquilarlos. Ninguno de estos elementos tienen sustento jurídico valedero, porque en el desarrollo del proceso penal, no se violaron la garantías constitucionales de la presunción de inocencia porque no se los trató como delincuentes y prófugos de la justicia sino después de haber sido condenados en firme; de la tutela judicial efectiva, porque tuvieron todos los mecanismos legales para defenderse como lo hicieron; porque ejercieron el derecho a la defensa y un debido proceso y, porque los principios de seguridad jurídica siempre los tuvieron a mano. Si no hubiera sido así, porqué entonces no ejercieron las acciones legales para que los distintos operadores de justicia cumplan correctamente con las normas legales. El arrepentimiento histriónico, estentóreo, efectuado a grito pelado, con respiración fatigosa, ronca en ciertos instantes y de bajo ruido en otros, de Wilman Terán en la Asamblea, sobre el hecho de haber condenado a Rafael Correa, nos demuestra que él y los otros jueces ejercieron jurídicamente y apegados a la ley su función de tales en base de pruebas contundentes y legalmente actuadas y,  que por su convicción religiosa y humana estaba arrepentido porque pese ha haberlo hecho, su arrepentimiento lo apartaba del pecado para volverse a Dios en busca de perdón. Es decir, no tenía arrepentimiento por quebrantar las leyes para condenar a un supuesto inocente, sino arrepentimiento para evitar el castigo divino por haber sido artífice y ejecutor de la condena. Lo otro, significaría que actúo como un juez prevaricador, que torció la ley aparentando conocimientos, experiencia, imparcialidad y rectitud y condenó a Rafael Correa por la ambición de obtener de la sociedad ecuatoriana y “supuestamente pasar a la historia”. así como un reconocimiento por haber condenado a un delincuente de cuello blanco para ver si eso lo catapultaba a la candidatura a la presidencia de la República. Este es el Abogado Wilman Terán absuelto en un juicio político por un grupo de asambleístas correistas que pensaron que con esto, por la sentimentalidad de telenovela barata del acontecimiento, la opinión de los ecuatorianos iba y va a cambiar respecto del responsable y sus cómplices del caso soborno, en el que está probado jurídicamente que recibían dineros ilícitos.. El Lawfare se les volvió al revés, porque está probado que Rafael Correa, Terán y Muñoz, Presidente y Miembro del Consejo de la Judicatura, éstos dos últimos; se reunieron en el Brasil y planificaron cómo llevar adelante que el recurso de revisión de la condena de Rafael Correa, Glas y otros autores, sea aceptado para que sean declarados inocentes y puedan ser candidatos a cualquier cosa en los próximos años. Y de pronto, porque el cinismo y la audacia, en los delincuentes de todo tipo no tiene límites, reclamen indemnización al Estado ecuatoriano, por supuestos perjuicios morales, psicológicos y materiales, sufridos. Uno se pregunta, quién les “asesora” a estos especímenes para que transiten políticamente de torpeza en torpeza. En el correísmo ha habido y todavía existen personas que son capaces, inteligentes y honestos, que con todo su derecho y su libertad de pensamiento y expresión respaldaron y lo siguen haciendo a Correa, pero nunca fueron tomados en cuenta y siempre fueron discriminados porque no fueron obedientes y no quisieron ser parte de la corrupción.

Y el papel de los medios de comunicación, de los periodistas comprometidos con la lucha contra la corrupción y de las redes sociales, fue fundamental, para que este juicio sea publicitado ampliamente, a fin de que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de su desarrollo procesal.

Rafael Correa ya no regresará. Sostengo, que el Recurso de Revisión que va a presentar a través de procurador judicial, tendrá que ser desechado. Primero, porque políticamente, a nadie de sus aliados actuales, le interesa y conviene que éste regrese, pues pese a que el correísmo ha bajado ostensiblemente en posibilidades electorales, todavía mantiene cautivo un segmento poblacional por el trabajo político efectuado por Alcaldes, Concejales, Prefectos y Juntas Parroquiales correistas. Segundo, porque algunos de los próximos candidatos a Presidentes de la República financiados e impulsados por el correísmo para dividir la votación a fin de que sus candidatos tengan una buena posibilidad de ganar, van a ser descubiertos, desnudados e identificados por opositores con posibilidades de ganar quedando como lo que son: testaferros políticos. Tercero, porque jurídicamente, las únicas causales que podrían sustentar ese recurso de revisión son: a) si existen, simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas que, por ser contradictorias, revelen que una de ella está errada. Y ESTO NO EXISTE, b) si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. Esto tampoco se da porque los Abogados defensores de Correa, dentro del desarrollo procesal del caso soborno, realizaron las impugnaciones correspondientes y no pudieron probar que los documentos, los testigos, los informes periciales eran falsos, maliciosos y errados.  Y c) Porque se requiere que se presente prueba plena NUEVA que demuestre que la sentencia que los condenó adolecía de error de derecho. Pretender demostrar estas causales con supuestas pruebas realizadas en otros países, así fueran ciertas o verdaderas, no sería posible ya que no son válidas jurídicamente ni pueden ser aceptadas procesalmente, porque las pruebas nuevas tienen que ser practicadas y actuadas de acuerdo a las leyes de nuestro país. Ni siquiera practicadas legalmente en esos países. No se puede invadir la jurisdicción ni la competencia de los jueces ecuatorianos. Los jueces que condenaron a los implicados en el caso Soborno, fueron ingresados, nominados, ascendidos y designados con el visto bueno de Rafael Correa a partir del 2007. El correísmo lanzó un globo de ensayo con la presentación del recurso de revisión de dos de los sentenciados en este caso, Si se aceptaba el recurso, esta resolución sería un antecedente jurídico válido para aceptar el recurso que podría presentar Rafael Correa. Los jueces doctores Felipe Córdova, Luis Rivera y Byron Guillén, éste último implicado gravemente en el caso Metástasis, NEGARON el recurso. Esta negativa, en cambio, viene a constituirse en un antecedente que deberá ser tomado muy en cuenta por los Jueces que deban resolver el recurso de revisión que podría presentar Correa. De tal manera, que casi no existe, ni siquiera con jueces comprados – si es que pudieran comprarse en estos momentos y circunstancias – la probabilidad de que dicho recurso de revisión sea aceptado. Como dice el refrán “pedir peras al olmo” o como dijo hace años el político Doctor Angel Duarte, padre de María de los Angeles Duarte también condenada, “son sueños de perro”. Y dirigir a “control remoto” un movimiento o partido político nunca da un buen resultado. Hay algunos herederos y herederas que tienen afilados sus dientes.

En el Brasil, hace poco tiempo Lula fue condenado por corrupción a doce años de cárcel. Lula, pese a cuestionar la sentencia y calificarla como fruto de un Lawfare de sus enemigos políticos, se entregó a la justicia e ingresó a la cárcel. Estuvo preso casi un año y medio. En ese período, otros jueces le bajaron la pena a 8 años. Y finalmente, un Juez superior, declaró la nulidad procesal de los juicios penales que tenía en su contra, sin que eso signifique que ha sido exonerado de las acusaciones, sino que únicamente los juicios se continúen cumpliéndose el debido proceso. No soy admirador de Lula, pero relato esto, porque este hecho le valió muchísimo para volver a ser Presidente y porque desde la cárcel se defendió jurídica y públicamente y propició la unidad de sus seguidores para la lucha y el triunfo electoral. Acá, el ex Presidente Lucio Gutiérrez se entregó y pasó algunos meses preso y salió en libertad porque nunca se le comprobó a él que se haya beneficiado de los recursos públicos. Eso hacen los seres humanos valientes. Los cobardes huyen y se convierten en prófugos de la justicia desilusionando amargamente a sus propios seguidores.