Simón Zavala Guzmán es un poeta, ensayista y jurista. Es miembro de la Academia de Historia, Doctor Honoris Causa por la Academia Mundial de Artes y Literatura. Catedrático; exsecretario del Consejo nacional de Cultura. Puedes encontrar más artículos en ecuadorenvivo.com/opinion/

Aunque exista corrupción judicial, no cabe duda que una administración de justicia proba es una herramienta vital y clave para combatir la corrupción generalizada en una sociedad, cualquiera que esta sea. Sostengo que un país, en el que la corrupción judicial ha copado todos los ámbitos de la administración de justicia, es un país condenado a vivir en la barbarie, en la inseguridad, en todo tipo de violencia, en la violación permanente de los derechos humanos, en la riqueza mal o bien de unos pocos y en la miseria y pobreza de casi toda su población, en la pérdida de todos los valores, en el atraso y la mediocridad generalizada, en el gobierno de la narco política, en el cinismo y la sinvergüencería de la mayoría de los que elegimos en elecciones trucadas, en la farsa de una democracia mentirosa, en la opresión, persecución y represión de la libertad de expresión y sus genuinos pensadores y comunicadores, en la descomposición de sus más importantes instituciones, en la elaboración deliberada de leyes y normas jurídicas mal redactadas, contradictorias, conceptualmente obsoletas, casi sin ninguna sintaxis, para que jueces corruptos, las interpreten como les venga en gana y permitan la impunidad de todo tipo de delincuencia. Es decir, una sociedad fallida dentro del marco de un Estado fallido y desintegrado, que terminará autoliquidándose y asesinando, con la complicidad de todos, a la actual y futuras generaciones.

Lo último sucedido en la Asamblea Nacional nos permite visualizar que los delincuentes de cuello blanco están decididos a mantener la corrupción en todos los sentidos y a tener y manejar la administración de justicia de nuestro país bajo sus deleznables y criminales designios, como lo han venido haciendo desde hace muchos años. La corrupción en la administración de justicia se manifiesta en muchos aspectos, mediante el cohecho (soborno), la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de drogas, el lavado de dinero sucio, la negligencia judicial intencional, etc. No se puede expresar que todos los jueces y fiscales son corruptos. Si existen jueces y fiscales honestos, que pese a las amenazas cumplen el sagrado deber de impartir justicia con imparcialidad, conocimientos, rectitud y honradez jurídica. Una clara demostración de esto es la actuación, pese a muchas limitaciones, hostigamiento, amenazas de muerte, desinformación, agravios y actitudes discriminatorias, de la señora Fiscal General Dra. Diana Salazar Méndez y su equipo de juristas. Es ese ejemplo, el que puede guiar a nuestro país en los próximos años a un mejor destino. Sin embargo, como un añadido protervo a la corrupción judicial tenemos la corrupción política, más difícil de detectar y comprobar, mucho más grande cuantitativamente, mucho más impune, protegida solapadamente y con fuerte enraizamiento y tramaje, difícil de combatir por su enquistamiento sombrío y disfrazado en todas las funciones y dependencias del Estado. Y esa corrupción política tiene que ser perseguida legalmente por la Fiscalía General del Estado de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal.

De allí que, el Concurso que debe realizarse para designar a la nueva o nuevo Fiscal General es de vital importancia, pues la lucha desarrollada con valentía por la Fiscalía General no puede truncarse. Ya hay un proyecto de reglamento para el concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es solo un proyecto que debe ser discutido y analizado exhaustivamente para no permitir que abogados vinculados a la delincuencia organizada llegue a esta alta función del Estado. Y deben presentarse otros proyectos. El artículo 95 de la Constitución de la República dice: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. Por cierto, esta norma constitucional que está por encima de cualquier norma legal y reglamentaria, se encuentra ratificada y desarrollada, en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Sustentado en estas disposiciones vigentes, planteo y propongo que una vez convocado el Concurso para Fiscal General, previamente a ser considerados y aceptados los Abogados como participantes, se haga una investigación profunda de la trayectoria personal y la conducta humana, psicológica y profesional de los mismos, así como una investigación a fondo de sus bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, certificados de depósitos, pólizas, acciones en compañías y fideicomisos, dinero, bonos y pólizas, acciones, vehículos y enseres de su propiedad en Ecuador y en el exterior, así como de sus familiares de consanguinidad y afinidad, para evitar el testaferrismo que suele estar detrás de los enriquecimientos ilegales. Y la prueba oral, porque un Fiscal debe saber cómo expresarse verbalmente, con conocimientos y elocuencia en las diferentes fases de un proceso penal. Por supuesto, que a éstos requisitos, deberán agregarse los otros que tienen que ver con la experiencia, los conocimientos, publicaciones, ejercicio de la cátedra universitaria, funciones en Judicaturas, etc. Sólo de esta forma, se podrá garantizar que quienes concursen sean JURISTAS libres de toda sospecha.

También sería bueno, que cada participante presente un plan orgánico factible y financiado de repotenciación de la Fiscalía en general como Institución, en términos de las necesidades de recursos humanos y materiales y de una metodología de evaluación permanente del trabajo realizado por los Fiscales de las diferentes Provincias del país y en general de todo el personal administrativo institucional para determinar su profesionalismo en las funciones desempeñadas; así como un programa de capacitación permanente de dichos recursos humanos. Si la Fiscalía General cumple con rectitud y sapiencia su rol jurídico especializado, camino iniciado e impulsado por la Dra. Diana Salazar Méndez, podremos recuperar a la administración de justicia ordinaria de nuestro país.

Nos hemos preguntado los ecuatorianos cuál es el costo económico de la corrupción en el Ecuador a partir del año dos mil? Existen datos referenciales, informaciones de observatorios ciudadanos, opiniones de economistas nacionales sobre costo- beneficio de obras, bienes y servicios adquiridos por autoridades nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales con sobreprecios increíbles y otros que nunca se compraron o no se hicieron como la famosa Refinería del Pacífico en Manabí por la que los responsables se robaron mil quinientos millones de dólares o la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas en la que se robaron otros mil quinientos millones de dólares, o el negocio de la construcción del Metro de Quito, que al inicio costaba según el veedor ciudadano Arquitecto Galo Andrade Tafur cerca de setecientos millones de dólares y hoy está en más de dos mil doscientos millones de dólares y terminará costando unos tres mil trescientos millones de dólares, o la pérdida o desaparición de tres mil millones de dólares recogidos por el pago del IVA para atender las desgracias del terremoto en Manabí y Esmeraldas que se esfumaron por arte de magia de Código Vidrio, para citar unos poquísimos ejemplos? El listado es largo. Si a todos los valores perdidos por el Estado en los latrocinios ocurridos, les aumentamos el lucro cesante y el daño emergente, el monto nos dejaría pasmados. Por eso podemos afirmar que desde el aspecto económico la corrupción tiene un costo social inmenso que agravia, en todos los sentidos, a los sectores medios y fundamentalmente a los seis millones de pobres del Ecuador que no ven una salida a su desesperada situación. Con todo el saqueo en estos últimos veinte años, Ecuador no tendría pobres sino una clase media alta fuerte, satisfecha en todas sus necesidades, creativa y productiva, con empleo y psicológicamente equilibrada. El Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile Raimundo Soto, en su trabajo de investigación titulado “La corrupción desde una perspectiva económica”, refiriéndose a los factores adversos que provoca este fenómeno delincuencial dice lo siguiente: “La corrupción se institucionaliza en la medida en que los funcionarios públicos adopten decisiones guiándose por motivos ajenos al interés público y no toman en cuenta las posibles consecuencias adversas de esas decisiones para la comunidad. Estos efectos adversos se manifiestan en: (1) se distorsiona el esfuerzo productivo y los objetivos de producción de los productores, los que se orientan a la búsqueda de rentas, el oportunismo y las ganancias excesivas, (2) se desarrollan y perpetúan estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados, (3) se proveen bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos, (4) se reducen los incentivos a la inversión debido a los mayores niveles de riesgo, (5) se desincentiva la entrada de potenciales empresarios a los mercados, en particular los inversionistas extranjeros, (6) se frena la innovación y el desarrollo creativo porque se desprotege la propiedad intelectual, (7) la corrupción representa un robo de recursos públicos cuyo costo social es considerablemente mayor que el beneficio que provee para el funcionario corrupto, (8) se distorsiona la toma de decisiones en el sector público respecto a los servicios e inversiones que debe efectuar el Estado”. Esto corrobora que el problema de la corrupción, no es sólo jurídico, es de todos los honestos de una sociedad, en la que la participación ciudadana es prácticamente obligatoria para derrotar este mal global que poco a poco va derrumbando el futuro de la humanidad.

Por todo lo señalado, es necesario que el Concurso para Fiscal General del Estado sea extremadamente riguroso y que los ecuatorianos, y en especial, los Colegios de Abogados, las Facultades y Escuelas de Derecho de las Universidades ecuatorianas, los medios de comunicación y los periodistas, los colectivos sociales, las veedurías ciudadanas y los Abogados en libre ejercicio de la profesión, estemos vigilantes del mismo, de su desarrollo y conclusión, a fin de que a este alto cargo llegue un/una jurista del más alto nivel que responda a las expectativas de nuestro país y que emule el desempeño de la actual Fiscal General Doctora Diana Salazar M.