La tarde de este viernes 19 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su portal web, informó que un juez ha llamado a juicio a Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, a su esposa y la compañía Horgan Investment Inc. como coautores del delito de lavado de activos.

La acción, dictada por un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, se basa en 183 elementos de convicción presentados por la FGE, con los que respalda la acusación.

El monto del presunto lavado de activos asciende a $1 millón el exgerente habría recibido de contratistas a través de transferencias a cuentas en el extranjero. Según la Fiscalía, parte de ese dinero ingresó al sistema financiero nacional en 2017, ocultando su origen ilícito mediante diversos actos y contratos.

El ente fiscalizador anota en su comunicado que, durante su gestión como gerente de la estatal petrolera, Merizalde firmó contratos significativos con empresas como Odebrecht y WorleyParsons International Inc.

Además, a través del estudio Mossack Fonseca, constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc., utilizada para recibir transferencias de la constructora brasileña Odebrecht por más de $800.000. El imputado no declaró la existencia de esta compañía ni sus cuentas bancarias en el extranjero durante su tiempo en cargos públicos, incumpliendo sus obligaciones legales, anotó la Fiscalía.

Además, reveló que la operadora BLC transfirió $150.000 dólares a las cuentas de Merizalde y su esposa en Estados Unidos, ‘que se sospecha eran gratificaciones ilegales relacionadas con contratos de la Refinería del Pacífico’.

Para ocultar el origen del dinero optaron por la compra de bienes inmuebles y la realización de retiros fraccionados en el sistema financiero nacional.

Según las investigaciones de la FGE, en 2021, los cónyuges liquidaron su sociedad conyugal, consolidando el patrimonio en la esposa y dejando Merizalde con un patrimonio negativo, “borrando así el rastro del activo ilícito’’.

El juez ratificó las medidas cautelares contra los procesados, que incluyen presentaciones periódicas, prohibición de salida del país e incautación de bienes y cuentas por $3 millones.