Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, afirmó que los contratos colectivos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Corporación Nacional de Electricidad (Cenel) y Petroecuador han sobrepasado los límites establecidos por el mandato constituyente y los decretos presidenciales.

Ante ello, solicitó al Contralor General del Estado que emita responsabilidades administrativas y culposas, y que de encontrar indicios de responsabilidad penal, sean declarados como tal.

Núñez, en entrevista para Teleamazonas, señaló que en el caso de CNT, la Corte Constitucional ya seleccionó el caso y determinó la gravedad del contrato colectivo, señalando una desnaturalización de la acción de protección.

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Inicialmente, se desembolsaron 100 millones de dólares y posteriormente 40 millones más debido al traslado de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) al Código de Trabajo. Si la Corte Constitucional deja sin efecto la sentencia, se revertirán al Losep, ahorrando significativamente en beneficios de contratación colectiva, que actualmente protegen exclusivamente a los obreros.

En el caso de Cenel, ciertos desembolsos también están siendo revisados por la Corte Constitucional. La ministra aseguró que en ambos casos, la revisión de los contratos colectivos avanzará en la Contraloría General del Estado.

Por último, la ministra mencionó la necesidad de reformar la Ley Humanitaria, en particular para eliminar los contratos laborales emergentes, que vencen el 20 de julio, al considerarlos una forma de precariedad laboral debido a su falta de estabilidad.