El legislador oficialista Diego Matovelle, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), informó que este organismo no dio paso al pedido de la legisladora correísta Gissela Garzón para que se realice un seguimiento al trámite del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. Este proceso está suspendido desde el 17 de mayo de 2024, tras acogerse a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

En respuesta a una consulta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la Procuraduría emitió un criterio que permite al CAL y a la Comisión de Fiscalización suspender temporalmente la sustanciación de un juicio político en caso de que las autoridades investigadas cursen un embarazo de riesgo o presenten enfermedades catastróficas.

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La fiscal general Diana Salazar, quien está embarazada y tiene una condición de alto riesgo, presentó certificados médicos en la Asamblea Nacional que respaldan su situación de salud.

“La decisión del CAL se basa en el criterio emitido por la Procuraduría, que establece claramente las condiciones bajo las cuales se puede suspender temporalmente un juicio político. En este caso, la fiscal general Diana Salazar cumple con los requisitos establecidos, y por lo tanto, el proceso está legalmente suspendido,” declaró Diego Matovelle.

La legisladora Gissela Garzón había solicitado que se realice un seguimiento al trámite del juicio político para garantizar la transparencia y celeridad en el proceso. Sin embargo, su petición no fue aceptada por el CAL, manteniéndose la suspensión del proceso hasta nuevo aviso.

La Procuraduría General del Estado, en su pronunciamiento, subrayó la importancia de proteger los derechos de las autoridades que enfrentan juicios políticos, especialmente en situaciones de salud que puedan poner en riesgo su vida o la del feto en caso de embarazo.

“El CAL y la Comisión de Fiscalización deben actuar con responsabilidad y humanidad, considerando las circunstancias excepcionales que afectan a la fiscal general. La suspensión del juicio político es una medida temporal que asegura su bienestar y el del feto, sin menoscabar el derecho a la defensa y al debido proceso,” agregó Matovelle.