La fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió este jueves, un enérgico comunicado denunciando la divulgación no autorizada de su estado de embarazo de alto riesgo. 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional había suspendido temporalmente un juicio político en su contra, debido a su condición médica, conforme a un criterio vinculante de la Procuraduría del Estado. La legisladora Gissela Garzón, proponente del juicio político, había solicitado seguimiento sobre el tratamiento del proceso suspendido.

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En su comunicado, la Fiscal destacó que informó oportunamente al CAL sobre su estado de salud mediante un certificado médico validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en cumplimiento con los procedimientos legales y constitucionales pertinentes. Subrayó que la divulgación de información confidencial sobre el embarazo de una mujer viola múltiples normativas nacionales e internacionales que protegen la privacidad y la confidencialidad de los datos personales.

“Esta filtración, lamentablemente propiciada por terceros, vulnera mis derechos fundamentales como ciudadana y mujer embarazada. Mi vida privada y la seguridad de mi familia no deberían ser objeto de escrutinio público”, añadió.

La Fiscal General instó a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para investigar y sancionar a los responsables de esta filtración, reafirmando su compromiso inquebrantable con la protección de la intimidad y la dignidad de las personas, especialmente en el ejercicio de funciones públicas de alta responsabilidad.