En un fallo histórico, la jueza Fanny Altamirano, ponente del Tribunal Penal, ha declarado al río Machángara como sujeto de derechos, ordenando la reparación de los daños causados por décadas de contaminación. La sentencia, emitida el 5 de julio, responsabiliza al Municipio de Quito y exige medidas inmediatas y a largo plazo para restaurar el río.

Esta decisión convierte al Machángara en el segundo río de Quito en recibir una declaratoria de vulneración de derechos, siguiendo el precedente del río Monjas en 2022, cuando la Corte Constitucional ordenó su reparación.

La acción de protección fue presentada por organizaciones sociales y ambientales de la capital, con Ramiro Ávila como demandante principal. Ávila destacó la importancia del fallo, indicando: “La jueza y el Tribunal han determinado que a esas medidas del Municipio de Quito, se sumen medidas a corto plazo, a mediano plazo, medidas inmediatas como por ejemplo el control de fluidos industriales y campañas para que los quiteños y quiteñas podamos hacer un uso responsable del agua”.

A pesar de la apelación del Municipio, la sentencia debe ser aplicada hasta que se resuelva en última instancia.

La Universidad de las Américas (UDLA) realizó estudios que revelan una grave contaminación del río, con niveles que exceden siete veces los parámetros permitidos. Desde 2013, el Municipio ha estado monitoreando la calidad del agua de sus ríos, descubriendo que solo el 3% del agua vertida al Machángara recibe tratamiento previo.

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Los eventos que le restaron 30 puntos a la aprobación de Daniel Noboa

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Alejandro González, director de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UDLA, comentó: “Podemos considerar que en el río Machángara el 80% del agua es agua de alcantarilla, es agua residual, no está considerado un cuerpo de agua que está vivo”.

La sentencia también señala la violación del derecho al agua de los quiteños. Cristina Reyes, ingeniera ambiental, argumentó: “Más aún que las administraciones zonales tengan únicamente USD 10 mil por administración zonal para la descontaminación de quebradas, que hasta el día de hoy sea ejecutado en 0%”.

La justicia ahora obliga al Municipio a desarrollar políticas públicas sostenibles que no dependan de las administraciones coyunturales del cabildo, enfocadas en la descontaminación y preservación del Machángara.

No hay un consenso sobre el tiempo requerido para limpiar el río, pero se anticipa que será un proceso que podría extenderse por más de una década. Esta sentencia marca un paso significativo hacia la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador.