El gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), Abel Gómez, anunció en una rueda de prensa en Guayaquil, la paralización del servicio de transporte público los días 16 y 17 de julio. Esta medida se toma en respuesta a los altos índices de inseguridad en las vías y al aumento del precio de los combustibles.

Durante la rueda de prensa, Gómez subrayó la necesidad urgente de que el gobierno nacional implemente un plan de seguridad efectivo. “Vamos a exigir al gobierno nacional que se trabaje en un plan de seguridad serio, esto es simplemente sentándonos en una mesa para poder hacerlo”, manifestó Gómez.

Destacó la urgencia de alertar al país sobre la grave crisis de inseguridad que afecta a Ecuador.

Gómez subrayó que la falta de seguridad en las carreteras ha generado un ambiente de temor entre los ciudadanos, quienes evitan viajar, afectando negativamente la economía de todos.

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Mencionan que, la Fenacotip ha intentado establecer un diálogo con los ministros y autoridades competentes para encontrar soluciones, pero hasta ahora, esos esfuerzos no han dado frutos. La situación se ha agravado con la reciente aprobación del incremento del 15% al IVA, lo que ha elevado el costo del diésel. A pesar de estas dificultades, los transportistas han continuado trabajando, pero sienten que no cuentan con la protección necesaria para operar en las carreteras del país.

Los ataques a transportistas en las vías han persistido a pesar de las medidas adoptadas, como la instalación de cámaras de seguridad internas en los vehículos. Gómez enfatizó que la situación ha llegado a ser una cuestión de sobrevivencia, indicando que detrás de cada transportista hay familias preocupadas por su seguridad. “Detrás de cada transportista hay familias que se quedan rezando en sus viviendas que su familiar regrese,” añadió.

Ante esta alarmante realidad, la Fenacotip ha decidido “apagar los motores” como medida de protesta. El objetivo principal del paro es exigir al presidente Noboa la implementación de un plan de seguridad que garantice la protección de los transportistas y de la ciudadanía en general.