Los comuneros de Bajada de Chanduy, un pequeño pueblo ancestral de la costa de Ecuador, miraban temerosos cómo el tractor destruía los árboles que han estado ahí desde siempre. Sus rostros se estremecieron con el sonido de la pala gigante cuando arrancaba las raíces de los árboles destruidos. Bastaron unos minutos para que el paisaje verde cambiara. El tractor destruyó todo alrededor de unos ceibos gigantes, que para tener ese tamaño, deben estar por cumplir 100 años. “En un ratito nos están cambiando la vida”, dice ahora, días después, Bernardo Cabrera, uno de los comuneros a El País de España. No podían creerlo, en medio de un bosque que han protegido durante años, el Gobierno de Daniel Noboa ha planeado construir una cárcel para los presos más peligrosos de las bandas criminales que tienen atemorizado al país.

Los comuneros son los cuidadores de un extenso bosque seco que atraviesa varias provincias, entre ellas Santa Elena, donde están asentados desde hace cientos de años y se identifican como indígenas huancavilcas. Para asegurar aquello, la Constitución ecuatoriana les otorgó derechos sobre esos territorios, con la misión de que conserven los recursos naturales que se hallen en esas tierras, que no pueden venderse, ni embargarse.

Entre mayo y junio, los comuneros notaron la presencia de militares que llegaron a hacer mediciones en el terreno donde hoy se está desbrozando el bosque. Pero ninguna autoridad dio información de lo que pasaba. El Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, SNAI, declaró como reservada toda la información de la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad, anunciada por Noboa a inicios del año, al estilo de la que Nayib Bukele levantó en El Salvador. 

El proceso de adjudicación ni siquiera pasó por la competencia de varias empresas para pugnar por construir el proyecto. La institución invitó directamente a una sola compañía, Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de una empresa pública China, para que participe el 7 de junio. Dos semanas después suscribieron el contrato por 52,2 millones de dólares para construir la cárcel en un plazo de 300 días.

Los comuneros de Bajada de Chanduy no esperaban que el presidente llegara a la comuna vecina, Juntas del Pacífico, para poner la primera piedra de la nueva cárcel, un gesto que formaba parte de su política de seguridad. Encendió la sirena de construcción y dos retroexcavadoras de fondo hacían como que empezaban a trabajar. Pero el lugar donde estaba el mandatario era una cancha de fútbol, no era el terreno asignado para la construcción de la cárcel. El verdadero lugar donde se levantará el recinto penitenciario está a casi 10 kilómetros, en medio del bosque y en una tierra reclamada por Donald Cabrera, un habitante de la comuna Bajada de Chanduy.

“El Gobierno no reconoce estas tierras como ancestrales, y ha dicho que son del Estado porque las embargó a deudores de la banca quebrada a finales de los noventa”, explica Donald al medio español. Este periódico solicitó información al SNAI y al Ministerio de Ambiente, encargado de entregar los permisos de construcción por el impacto ambiental en una área protegida. Ninguna de las dos instituciones respondieron al pedido.

La comuna Bajada de Chanduy tiene 21.000 hectáreas que están dividas entre todos sus habitantes. Los 7.000 habitantes se dedican a la agricultura y ganadería para la supervivencia. Y las tierras son utilizadas para eso y el principal objetivo es conservarlas. La parcela que ahora reclama la familia Cabrera nunca ha sido intervenida. “Es tierra virgen que no hemos tocado porque está el bosque y una vertiente de agua muy cerca”, dice Donald, mientras observa como la máquina pesada intenta aplanar la montaña que antes estaba llena de árboles.

“Aquí no hay agua, ni red de alcantarillado. ¿Qué van a hacer con las aguas servidas?”, se pregunta otra habitante. La escasa explicación que le han dado a los comuneros es que esas tierras fueron entregadas al banco por una persona que las dejó de garantía para obtener un crédito. Cuando el banco quebró en la crisis de finales de los noventa, el Estado, que en ese entonces entregó fondos públicos para que los bancos no quebraran, tomó las tierras que estaban en prenda. Así llegaron a manos del SNAI para construir la cárcel en la provincia de Santa Elena, donde Noboa inició su carrera política hace tres años, inscribiendo su candidatura como asambleísta para representar a esa provincia. Pero muchos tienen dudas de sus intereses por esa región.

En Santa Elena, también está Oloncito, donde hace dos meses, la esposa del mandatario intentó construir un resort de lujo, tomando una zona de manglar que pertenece a una área protegida, y que el Ministerio de Ambiente entregó en medio de irregularidades, que no han sido investigadas. Aunque destruyeron una parte del manglar, la presión de la comunidad afectada consiguió detener el proyecto. Ahora es el turno de las comunas Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy donde ha iniciado la construcción de la cárcel.

“Toda mi vida he crecido en estas montañas, pastoreando el ganado de mi familia. Esto era el potrero natural de nuestras vacas, de nuestros caballos, ahora todo está desapareciendo de la noche a la mañana”, dice Donald. La preocupación de los comuneros de construir una cárcel en medio de un bosque no es solo el impacto ambiental, también es social. Aquí no conocen de delitos. En un país convulsionado por la violencia, estos son uno de los pocos reductos de paz.

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Las pequeñas casas de ladrillo y cemento tienen las puertas abiertas, para que circule el aire natural, que a veces arrastra el polvo de las calles de tierra que están sin asfaltar. La gente saca una silla en el portal y conversa entre vecinos. Una imagen que se ha perdido en muchos otros lugares. Hay pocos vehículos y no son necesarios porque la pequeña población apenas tiene calles en las que la gente prefiere caminar.

En el portal de la casa de Esteban Neira, un agricultor de 74 años que ha vivido desde siempre en Juntas del Pacífico, la flor del achiote está desperdigada en el piso sobre unos sacos de yute. Se necesitarán unas horas de mucho sol para que la flor se seque y deje intactos los pequeños granos de color rojo que se usa como base de la comida ecuatoriana.

Con un palo plano de madera, golpea la flor y las pepitas de achiote se quedan en el saco. Lo hace todo con calma. El tiempo va más despacio en este pueblo donde todo gira alrededor de la siembra y el ganado. “La vida nos está cambiando. Ya no podremos vivir así con calma, tendremos que cerrar las puertas, encerrarnos y mirar desde la ventana de las casas y preguntar antes de abrir la puerta”, dice Esteban.

Su temor es lo que traerá el nuevo vecino de la comuna, cuando trasladen a los presos más peligrosos a cumplir su condena. Más militares, armas, presencia de personas desconocidas que visitarán a los presos o de las bandas delictivas para ayudarlos a fugarse.

En el peor de los escenarios, podrían repetirse los incendios, tiroteos y gritos de las masacres que han ocurrido en varias cárceles del país donde están los cabecillas de las organizaciones delictivas, los mismos que Noboa quiere encerrar en medio del bosque. Pero a los comuneros les preocupa el nuevo huésped, aunque para algunos, después de una lista de ofertas de obras públicas, la balanza se inclina por aceptar a la mega cárcel. Como Camilo Salinas, el tendero del pueblo, que mira con ilusión la inversión que puede llegar a ese lugar olvidado. “Nos dijeron que van a darnos un centro de salud, van a mejorar las vías de acceso a la comuna, a agrandar la escuela, y eso va a hacer bueno para el pueblo”.

La principal expectativa es el empleo que la construcción de la cárcel ya ha generado entre las poblaciones aledañas. Desde La Libertad que está a más de una de Juntas del Pacífico, llegó con su curriculum Ilario Mite de 63 años, un carpintero de construcciones. “El empleo es muy escaso en mi ciudad. La economía está muy mal, y si me escogen en este trabajo, me garantiza un ingreso seguro por un tiempo”, añade.

Para el Comité Permanente de Derechos Humanos que da asistencia legal a los comuneros, el pliego de promesas es un chantaje de las autoridades que se aprovechan de la precariedad en la que viven las comunas donde no hay agua potable, ni sistema de alcantarillado, ni un centro de salud.

“Un día antes de que venga el presidente Noboa, encerraron a toda la dirigencia en la casa comunal y con presencia militar. Ahí les insistieron para que firmen un acta de compromiso en la que el Gobierno se comprometía a hacer obras públicas a cambio de que la comuna estuviera de acuerdo en la construcción de la cárcel. Eso no es un proceso de consulta”, explica Fernando Bastias del CDH.

La presión gubernamental ha sido más fuerte en todas las instancias. Los comuneros pidieron una medida cautelar a la justicia, pero la jueza rechazó la solicitud, sin llamar a una audiencia para conocer el reclamo de las partes y donde el único que pudo presentar un amicus curiae fue la empresa constructora, ni siquiera el SNAI, como entidad a cargo, respondió. Ahora cualquier trámite legal puede tardar casi el mismo tiempo que demorarán en construir la cárcel.

“Es un proyecto que impacta los derechos a una comunidad ancestral, en un bosque protegido que también tiene derechos según nuestra Constitución y este territorio guarda restos arqueológicos que representan la cultura nacional”, dice Bastias, quien también critica que el proyecto demostraría el fracaso de la política pública en seguridad.

“La cárcel no es necesaria. Los informes que realizaron la CIDH y Naciones Unidas después de su visita al país y analizar la crisis carcelaria, ninguno recomienda la construcción de una nueva cárcel. Esto es una política mediática, no técnica”, afirma Bastias. Si bien el Gobierno de Noboa ha logrado contener la violencia entre los presos al interior de las cárceles, enfrenta sentencias judiciales por dejar sin alimentación a cerca de 20 mil presos de 30 cárceles de Ecuador y organismos internacionales como Human Right Wacht ha llamado la atención al mandatario, pidiéndole que los militares dejen de ocuparse de los presidios, tras las denuncias de violación contra los derechos humanos.

Para el Gobierno, la nueva cárcel, a la que ha llamado Encuentro, será “un ícono en la región”. El presidente destacó en su discurso que los cinco pabellones, donde habitarán 800 presos, contará con tecnología moderna e inteligencia artificial. Lo que le hace falta a todas las cárceles del país, a pesar de los constantes ofrecimientos de equiparlas. Su oferta era construir dos nuevas cárceles después de descartar las prisiones barcazas, por su alto costo.

En una entrevista que concedió al inicio de su mandato, aseguró que el proyecto de la nueva cárcel lo estaba haciendo la misma gente que contrató Nayib Bukele para construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, con la que se ha hecho popular por su política de mano dura, y que Noboa replica como parte de su estrategia para ser reelecto a la presidencia en 2025. “Está diseñada para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos. Los cabecillas de las mafias estarán monitoreados en tiempo real”, dijo Noboa el día de la ceremonia para el inicio de la obra.

Los comuneros, se han declarado en resistencia para rechazar la construcción del recinto penitenciario. “Este es un derecho que nos asiste. Hemos sido posesionarios de nuestros antepasados desde antes de que se fundara la República”, dice Donald Cabrera. No quieren la cárcel en sus tierras; Noboa tiene un problema que solucionar.