En mayo pasado funcionarios de Lafattoria empresa de alimentos que tenía contratos con el estado en alimentación, presentó una acción de protección en contra del SERCOP y el ministerio de Educación por una presunta vulneración de derecho. La demanda fue firmada por la gerente de la empresa.

Lafattoria entregaba la alimentación a varios Centros de Detención para la ración de los privados de la libertad (PPL) y el desayuno escolar en varias provincias. En el argumento jurídico la empresa, señaló que sería inconstitucional y violatorio al derecho la suspensión de su Registro Único de Proveedor RUP, ante el organismo rector de compras públicas. Un mes después un Juez Constitucional le ha dado la razón al SERCOP y al ministerio de Educación.

Lafattoria tenia contratos con el estado desde 2016 y daba el desayuno escolar a más de 1 millón seiscientos mil alumnos y los detenidos en muchas de las cárceles del país.