El presidente Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción por 60 días en cinco provincias del país: Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Orellana, así como en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay. La medida se justifica, según el Ejecutivo, por la persistente “conmoción” interna y el denominado “conflicto armado interno”.

Consultado por “Punto de Orden”, el reconocido constitucionalista Salim Zaidán calificó de acertada la decisión del presidente Noboa, debido a la grave situación de inseguridad que enfrenta el país. No obstante, Zaidán señaló que el decreto presenta varias lagunas que requieren clarificación, particularmente en lo que respecta a la supresión de ciertos derechos.

“El decreto no establece claramente si derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, y el derecho de reunión son ‘suspendidos’ (eliminados temporalmente) o ‘limitados’ (con menor alcance)”, explicó Zaidán.

Asesinan a policía en Nueva Prosperina, una de las zonas rojas de Guayaquil en pleno estado de excepción

Además, consideró un error la mención de los casos de corrupción Metástasis, Plaga y Purga en los considerandos del decreto, ya que estos ya están bajo la jurisdicción de la justicia.

Zaidán sugirió que el presidente Noboa debería reforzar su equipo jurídico para evitar futuras ambigüedades. Asimismo, exhortó a la Corte Constitucional (CC) a adoptar la disposición presidencial, dejando de lado la rigidez jurídica en favor de un enfoque más social. “Es fundamental que la CC aplique un método sociológico de interpretación y se adapte a la realidad del país, en lugar de ser tan esquemática”, afirmó.

Aumento de Penas

En cuanto a las soluciones a la crisis de inseguridad, Zaidán fue enfático al afirmar que el aumento de penas no es la respuesta adecuada. “Condenas más severas no disuadirán a los delincuentes. Es esencial identificar las causas subyacentes de los delitos y aplicar políticas sociales que alejen a los jóvenes del crimen, como fomentar la práctica deportiva”, señaló.

Para el jurista, la represión no es la solución. “El Código Penal ha sido reformado varias veces, y los índices de criminalidad no han disminuido”, añadió, subrayando la necesidad de abordar las raíces de la delincuencia en lugar de simplemente endurecer las penas.