La Comisión de Participación Ciudadana recibió en su mesa de trabajo a Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y a Francisco Verbic, de la Coordinación de Abogados de Interés Público de la República Argentina, para continuar la fiscalización sobre el acuerdo suscrito entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A decir de Marcela Arellano, el empobrecimiento de las sociedades latinoamericanas se ve potenciado por las políticas de libre mercado y acuerdos con instituciones acreedoras internacionales. “Estos acuerdos ejecutados sin un análisis técnico plantean a los Estados, la reducción de inversión público, ajustes estructurales y de nómina”, dijo.

“Estas reducciones debilitan la capacidad del Estado para garantizar la salud, educación, sanidad, seguridad y vialidad, e incrementan, entre otras variables, el IVA, el costo de los combustibles, la flexibilización y precarización del mercado laboral, que derivan en la ampliación de la pobreza, enfatizó.

Bancada de ADN solicitará investigación contra Rafael Correa

De su lado, Francisco Verbic dio a conocer la experiencia argentina sobre el préstamo adquirido con el FMI en el año 2018 y sugirió a la Legislatura ecuatoriana realizar acciones de control sobre la discrecionalidad política con la que se firma este tipo de acuerdos.

Observó que, “en un marco de legalidad, el análisis previo debería provenir de instituciones técnicas y acreditadas para este fin y sin la intervención de la institución acreedora, cuyos intereses están en juego, para garantizar que el poder Ejecutivo no actúe violentando normas y principios nacionales”.

“Utilicen la experiencia argentina para exigir acceso a la información y respeto al principio de legalidad, pues eso les dará la posibilidad de poner rostros reales a quienes tienen la responsabilidad sobre estos acuerdos, pues la deuda es un instrumento de condicionamiento para el desarrollo de nuestros países”, concluyó.

En la sesión también intervinieron Janeth Chaluisa y David Quishpe, representantes de varios sindicatos representantes de trabajadores de la salud pública, para poner en conocimiento de la mesa sus preocupaciones alrededor de la gestión hospitalaria nacional.