La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad avocó conocimiento de la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa, a través del cual calificó a trámite el proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentado por la asambleísta Cecilia Baltazar.

Durante su comparecencia, la legisladora proponente subrayó la importancia de discutir la propuesta bajo un análisis reflexivo desde un marco pluricultural.

Destacó que esta reforma incorpora más de seis puntos fundamentales y en ese marco la necesidad de incorporar principios constitucionales en el ámbito de la interculturalidad y pluriculturalidad.

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Aseguró que es necesario respetar el principio de interculturalidad y el diálogo entre autoridades indígenas o miembros de los pueblos y nacionalidades.

Baltazar subrayó que en casos de justicia indígena y consultas prelegislativas es esencial que las autoridades indígenas puedan dialogar y resolver bajo el margen de la Constitución cuando los casos estén en la unidad judicial. Según su exposición, este enfoque permitirá cumplir la gran deuda que tiene el Estado con los pueblos y nacionalidades.

Asimismo, mencionó la necesidad de abordar la modulación de las sentencias para excluir tiempos innecesarios y asegurar que las acciones de hábeas corpus sean realizadas por los tribunales que hacen seguimiento a las sentencias. Esta medida busca detener las arbitrariedades de algunos jueces en la liberación de criminales, fortaleciendo así la seguridad.

En cuanto a las reparaciones, Cecilia Baltazar abogó por la claridad en las sentencias, incluyendo reparaciones económicas y psicológicas. También reitero la importancia de delimitar las instituciones responsables de cumplir estas reparaciones. Sugirió establecer con claridad la reparación de derechos individuales, colectivos y de la naturaleza.

Por su parte, Paola Cabezas, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, señaló que este proyecto de ley matiza las reformas que están en análisis desde un enfoque plurinacional. Enfatizó la relevancia de esta reforma para fortalecer el marco jurídico en el contexto de la interculturalidad y pluriculturalidad, asegurando un sistema judicial más inclusivo y representativo de la diversidad del Ecuador.