Pablo Martínez, director Ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura, abordó la crítica situación de las carreteras y puentes en Ecuador. Reveló que el 80% de las vías del país requieren intervención y el 50% se encuentran en mal estado, una situación agravada por las recientes condiciones climáticas adversas que han afectado la Sierra y la Amazonía.

Destacó que las infraestructuras viales del país, construidas principalmente entre las décadas de 1970 y 1990, no fueron diseñadas para soportar los efectos del cambio climático que se manifiestan con mayor intensidad en la actualidad. Aunque se consideraron factores sísmicos en su construcción, otros factores como el fenómeno de El Niño y los cambios climáticos extremos no fueron previstos, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de las estructuras.

Uno de los problemas fundamentales mencionados por Martínez es la desarticulación del sistema de gestión de activos viales. “El país se concentró en reconstruir pero no en pensar en el futuro”, afirmó, señalando que la falta de mantenimiento y modernización ha dejado a las infraestructuras obsoletas y susceptibles a daños.

Falta de mantenimiento y corrupción agravan la crisis eléctrica

Enfatizó que la falta de mantenimiento y actualización de las infraestructuras viales tiene graves repercusiones económicas. Ya que las pérdidas por no contar con una red vial adecuada ascienden a entre el 2% y el 3% del PIB, equivalentes a aproximadamente 3.000 millones de dólares. “El subsidio al combustible es, en realidad, un subsidio a las malas vías”, comentó, subrayando que esto también afecta la productividad del país y aumenta los costos de transporte.

También abordó la complejidad fiscal que enfrenta el gobierno, explicando que los recursos limitados deben distribuirse entre múltiples emergencias y necesidades prioritarias como la seguridad, la salud y la educación. Además, señaló la dispersión de responsabilidades entre el gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), lo que complica aún más la gestión efectiva de las infraestructuras viales.

Para Martínez, una posible solución a la crisis es impulsar el sistema de concesiones y la implementación de peajes en las carreteras, a fin de asegurar la sostenibilidad financiera para el mantenimiento vial. Sin embargo, reconoció que esto es una decisión política difícil de tomar, especialmente considerando la resistencia de la ciudadanía y las actuales discusiones sobre el subsidio a los combustibles.