Una delegación de mineros artesanales de la provincia de Zamora Chinchipe, ante los legisladores del Grupo Parlamentario Amazónico, expresaron su preocupación por la propuesta de incremento de penas en la reforma al Código Orgánico Integral Penal, por infracciones relacionadas con esta actividad. Además plantearon la regularización de sus actividades y elaboración de un censo nacional.

El presidente de la Unidad Provincial Minera, Juan Carlos Tapia invitó a los asambleístas a considerar las condiciones de vida y fuentes de trabajo de varios habitantes de la Amazonía que se dedican a la minería artesanal y pequeña minería.

De su lado, el presidente del Distrito Minero Chinapintza, Paúl Pineda recordó que en el año 2010 se realizó un censo que no consideró a varios sectores, dedicados a la minería heredada de los padres.

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Carlos Castillo, representante de los mineros aluviales, defendió la minería artesanal y rechazó que se les relacione con grupos dedicados al narcotráfico.

De aprobarse el proyecto de ley en las condiciones propuestas seríamos afectados en las fuentes de trabajo, dijo. Planteó que exista un trato diferenciado para este sector de la microeconomía.

El investigador Franklin Soria se refirió a la minería ilegal y a la falta de análisis de sus causas por parte del Estado. Informó que el Ministerio del Ambiente tiene represadas varias solicitudes de permisos, por lo que sugirió convocar a las autoridades correspondientes y construir una agenda minera.

La asambleísta Sandra Rueda anunció que el Grupo Parlamentario Amazónico analizará las peticiones expuestas por los representantes de los grupos mineros.