Gissela Garzón, asambleísta correísta, expresó su preocupación respecto a la eliminación de los subsidios a las gasolinas, señalando que esta medida no fue iniciativa del Gobierno ecuatoriano, sino que responde a una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su carta de intención.

Indicó que la decisión no fue consultada con la Asamblea Nacional, lo cual considera necesario. Según sus palabras, el acuerdo con el FMI también incluye ajustes en materia laboral y climática, lo cual genera preocupaciones y cuestionamientos sobre su impacto social.

“Entre las condiciones de este acuerdo con el FMI para el desembolso de los 4.000 millones de dólares está, entre otros, la reducción de los subsidios, ajustes en material laboral, climática y varias medidas”, afirmó Garzón.

Tarifa del transporte no debería aumentar

La asambleísta enfatizó que los fondos provenientes del acuerdo no siempre pueden ser utilizados exclusivamente en programas sociales, a pesar de lo que se ha dicho públicamente. Esto, según ella, plantea escenarios que generan inquietudes.

Respecto al proceso de fiscalización en curso sobre los términos del acuerdo con el FMI, aclaró que no se trata de revanchismo político, sino de un ejercicio de control y transparencia.

En otro tema, Garzón mencionó la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, cuya inmunidad no fue levantada por la Asamblea para ser vinculada en el caso Nene. La legisladora sostuvo que el delito por el cual se pretende imputar a Abad no prescribe, subrayando la importancia de los procedimientos legales adecuados.

Finalmente, Garzón criticó la falta de transparencia en la entrega de expedientes reservados que podrían esclarecer ciertas decisiones gubernamentales, concluyendo que es necesario más información para justificar estas acciones.